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Un tribunal de Guayas ratificó la sentencia de tres años de prisión contra Aquiles Alvarez, alcalde de Guayaquil, por incumplimiento de decisión legítima de autoridad competente, en el caso Grillete, este miércoles 16 de septiembre de 2026.
Aquiles Alvarez, alcalde de Guayaquil, recibió tres años de prisión por el delito de incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente en el caso Grillete, el pasado 3 de agosto en el Tribunal de Garantías Penales de Durán.
Los jueces Smirnova Caldérón, Nebel Viera y Carlos Churta lo declararon cumpable porque supuestamente no portaba el grillete electrónico dictado como medida sustitutiva a la prisión preventiva en el caso Triple A, por el que fue detenido en su domicilio el 10 de febrero de 2026.
Este miércoles, el Tribunal de la Corte Provincial de Guayas acogió el pedido de Fiscalía y ratifica la sentencia de tres años de pena privativa de libertad contra Aquiles A., por su responsabilidad en el delito de incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente.
Los tres años de prisión y el pago de una multa de 4 820 dólares, equivalente a 10 salarios básicos unificados son parte de la primera sentencia contra Alvarez.
Ratificada la sentencia en segunda instancia, al alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, le resta presentar un recurso de casación ante la Corte Nacional de Justicia (CNJ).
La resolución judicial se da en medio de una solicitud de Alvarez para una intervención quirúrgica a la que no se ha dado pasado, según su defensa.
La segunda sentencia en contra de Aquiles Alvarez fue dictada en el caso Triple A como autor directo de supuesto tráfico ilegal de combustibles y, por este delito, recibió seis años y ocho meses de prisión, junto a ocho personas naturales y seis empresas.
El juez ponente Jorge Sánchez expuso los argumentos del Tribunal durante la lectura de la resolución del caso Triple A. Según la decisión judicial, Alvarez intervino en las operaciones investigadas a través de su condición de representante legal, presidente y accionista mayoritario de las compañías Copedesa, Corpalubri y Ternape.
La prueba documental presentada por la Fiscalía, junto con testimonios de funcionarios de la Superintendencia de Compañías y del Servicio de Rentas Internas (SRI), permitió establecer, según la resolución, que Alvarez tenía control sobre las empresas involucradas en las operaciones de combustibles.
El Tribunal también señaló que los hermanos Alvarez revisaban informes de rentabilidad y conocían las operaciones relacionadas con el denominado “cambiazo” de combustibles.
La justicia aún no resuelve sobre el caso Goleada, otro proceso en contra de Alvarez por supuesto lavado de activos.
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