¿Qué investiga la Fiscalía en el caso Triple A?
El caso Triple A investiga un supuesto desvío de combustibles y un perjuicio superior a 61 millones de dólares.
El caso Triple A ya superó la etapa de investigación y se encuentra a la espera de una decisión judicial. La Fiscalía concluyó la presentación de sus pruebas y pidió que 15 personas naturales y seis empresas sean declaradas culpables por una supuesta comercialización ilegal de combustibles.
El alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, figura entre los procesados. Tras finalizar los alegatos el domingo 2 de agosto de 2026, el Tribunal entró en deliberación.
¿Cómo habría funcionado el supuesto desvío?
La investigación comenzó después de una denuncia presentada el 12 de julio de 2024 por la entonces Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables. El reporte alertó sobre diferencias entre el combustible despachado y el facturado por estaciones de servicio y empresas comercializadoras.
#CasoTripleA | #FiscalíaEc expuso su alegato de clausura ante el Tribunal de la causa. Durante su intervención, fundamentó su acusación en las pruebas testimoniales, periciales y documentales practicadas durante el juicio.
— Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) August 3, 2026
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La tesis de la Fiscalía sostiene que combustibles subsidiados, especialmente diésel, habrían sido comercializados en segmentos diferentes de aquellos para los que estaban autorizados. Parte del producto habría terminado en actividades industriales y marítimas, donde no correspondía aplicar el mismo subsidio estatal.
Irregularidades detectadas
Los análisis también detectaron compras que no coincidían con la capacidad de almacenamiento de algunas estaciones. En uno de los casos expuestos, un establecimiento habría adquirido más de siete millones de galones pese a contar con espacio para almacenar cerca de 10 000.
La acusación incluye otros hallazgos: registros de venta de diésel y gasolina extra para un mismo vehículo y operaciones asociadas con placas inexistentes. Estas irregularidades constan en la información oficial difundida por la Fiscalía.
Perjuicio económico investigado
El supuesto perjuicio investigado supera los 61 millones de dólares. Según los cálculos presentados por la Fiscalía, las operaciones investigadas abarcarían 22 777 191,80 galones de diésel y gasolina. El supuesto perjuicio económico para el Estado ascendería a 61 502 658,39 dólares.
Compañías procesadas
- Fuelcorp
- Copedesa
- Corpalubri
- Ternape Petroleum
- Indudiesel
- Harsajudi S.A.
La Fiscalía sostiene que sus representantes, propietarios y trabajadores conocían o participaban en las operaciones investigadas.
Estado del juicio
Inicialmente fueron llamadas a juicio 16 personas naturales y seis jurídicas. Sin embargo, el proceso quedó suspendido para Fernando Viteri Henriques después de que el Tribunal lo declarara prófugo, por lo que el juzgamiento continuó contra 15 personas y las seis empresas.
Cargos y defensas
La acusación se tramita por el supuesto delito de almacenamiento, transporte, envasado, comercialización o distribución ilegal de hidrocarburos, previsto en el artículo 265 del Código Orgánico Integral Penal. La Fiscalía detalla aquí el llamamiento a juicio.
Durante su alegato final, la fiscal Ruth Amoroso atribuyó la calidad de autores directos a siete personas, entre ellas Aquiles Alvarez. Otras siete fueron acusadas como coautoras y una como cómplice.
Para los señalados como autores, la Fiscalía solicitó una pena de seis años y nueve meses de prisión, tras pedir la aplicación de circunstancias agravantes. También requirió multas, reparación integral y la disolución y clausura definitiva de las seis compañías.
Rechazo a las acusaciones
La defensa de Aquiles Alvarez rechazó la acusación y sostuvo que su condición de representante legal de empresas no demuestra por sí sola una participación delictiva. El alcalde también negó haber intervenido en un esquema de desvío de combustibles.
El Tribunal deberá determinar si las pruebas presentadas sustentan la acusación fiscal o si corresponde ratificar la inocencia de los procesados.
Caso Triple A y Aquiles Alvarez; preguntas frecuentes
La Fiscalía investiga una supuesta comercialización ilegal de combustibles subsidiados entre 2020 y 2024.
La acusación sostiene que existieron diferencias entre los volúmenes despachados y facturados, además de operaciones en segmentos distintos de aquellos para los que estaba autorizado el combustible.
Según la teoría fiscal, combustibles subsidiados, especialmente diésel, habrían sido destinados a actividades industriales y marítimas en las que no correspondía aplicar el mismo subsidio.
La investigación también identificó compras superiores a la capacidad de almacenamiento de algunas estaciones, operaciones con placas inexistentes y ventas de distintos combustibles registradas para un mismo vehículo.
La Fiscalía calculó un supuesto perjuicio de 61 502 658,39 dólares.
Las operaciones investigadas corresponderían a 22 777 191,80 galones de diésel y gasolina. Estas cifras forman parte de la acusación y deberán ser evaluadas por el Tribunal.
El juicio se desarrolló contra 15 personas naturales y seis empresas, entre ellas Fuelcorp, Copedesa, Corpalubri, Ternape Petroleum, Indudiesel y Harsajudi.
Entre los procesados se encuentra el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez. El proceso contra Fernando Viteri Henriques quedó suspendido después de que fuera declarado prófugo.
El Tribunal deberá deliberar y determinar si las pruebas sustentan la acusación de la Fiscalía o si corresponde ratificar la inocencia de los procesados.
Una vez concluido ese análisis, los jueces notificarán oficialmente la fecha y hora de la audiencia en la que comunicarán su decisión.
