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Rony García tenía 27 años y el 4 de mayo de 2026 intentaba entrar a su casa cuando un bus lo embistió y lo aplastó contra la pared. El conductor tenía 2,01 gramos de alcohol por litro de sangre. Dos días después, un paramédico perdió el control de su moto en el norte de Quito, cayó sobre la avenida Real Audiencia, y un camión lo atropelló. También murió en el lugar.
Son dos casos letales en una semana. Pero detrás de ellos hay una base de datos reveladora que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) acumula: entre enero de 2023 y marzo de 2026, 13 909 trabajadores afiliados al Seguro Social sufrieron un siniestro de tránsito mientras cumplían su jornada laboral o se trasladaban hacia ella, según el registro del Seguro de Riesgos del Trabajo. Son personas con empleo, con aportes al sistema de seguridad social, con familias que dependen de su salario.
El 74% de esos 13 909 incidentes ocurrió en los desplazamientos de ida o vuelta al trabajo, lo que en la jerga técnica se denomina ‘siniestros in itinere’. El porcentaje restante corresponde a trabajadores que estaban en comisión de servicios, en desplazamientos durante su jornada o en el propio centro laboral.
Para Guillermo Abad, de Justicia Vial, este dato exige una responsabilidad que las empresas ecuatorianas aún no asumen del todo: “Debería crearse una política empresarial en la que las compañías generen capacitaciones a sus trabajadores para que conozcan los riesgos de trasladarse desde sus oficinas al trabajo y viceversa”. Abad añade que hay empresas siguen registrando estos casos como accidentes laborales genéricos y, en realidad, son siniestros viales con causas, patrones y soluciones distintas.
En 2025, el IESS registró 4 626 afiliados afectados por siniestros viales en trayectos laborales. Esto equivale a 119 casos por cada 100 mil trabajadores afiliados; la tasa más alta de los últimos tres años.
En promedio, el año pasado, 19 trabajadores afiliados al IESS dejaron de acudir cada día a sus puestos por las consecuencias de un siniestro vial. En el primer trimestre de 2026, la cifra se mantiene alta: 16 ausencias diarias. Pero detrás de cada caso no hay solo un vacío en la nómina. Hay médicos que cubren turnos, compañeros que redistribuyen cargas; empresas que reorganizan operaciones.
“Cuando estas personas dejan de ir al trabajo, ¿Quién les acompaña? Sus familiares -esposas, hijos-también dejan de producir para dar acompañamiento a la víctima”, insiste Abad. “Y en el caso de quienes generan discapacidad, los cónyuge dejan de trabajar. Eso es una carga adicional para el Estado”.
La data del IESS muestra un perfil claro de la víctima: hombres jóvenes en edad productiva. De 13 909 afiliados afectados, 9 623 son hombres frente a 4 286 mujeres. Y entre los varones, el 75% de quienes sufrieron incapacidad temporal, permanente o fallecieron tenía entre 18 y 40 años. Una tendencia similar, aunque en menor número, se repite entre las mujeres afectadas.
Es exactamente el grupo que más años le quedaría por aportar al sistema, a la economía y a sus familias. Abad lo traduce en términos económicos directos: “Una persona que pierde la vida a los 25 años tenía prácticamente 40 años más para seguir produciendo. Ese costo se cuantifica”.
Del total de afiliados afectados en los 39 meses analizados, el 97% -es decir, 13 456 personas- sufrió incapacidad temporal, con un promedio de 10 días sin poder trabajar. A partir del tercer día de ausencia, la normativa exige justificar la falta ante el Seguro Social.
Pero el 3% restante es el más grave. 230 trabajadores fallecieron en el lugar del siniestro o en las horas y días posteriores. Eso equivale a seis trabajadores en etapa productiva muertos al mes durante ese período. Y 223 personas quedaron con algún tipo de incapacidad permanente: absoluta, total o parcial, una condición que, por definición, no tiene vuelta atrás.
El costo que el IESS ha pagado por estos eventos suma 2,2 millones de dólares, que se distribuyó así:
La siniestralidad entre los asegurados se concentra en diez cantones:
En el período completo analizado, Guayaquil acumula 4 037 casos y Quito 3 415. Pero en el primer trimestre de 2026 el orden se invirtió: Quito pasó al primer lugar con 308 trabajadores afiliados siniestrados, frente a 245 en Guayaquil.
Lo revelador es la proporción. En Quito, esos 308 representan el 44,3% de todas las víctimas viales que registró la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) en la capital en ese mismo período (695 personas). En Guayaquil, los trabajadores afiliados equivalen al 19,2% del total de 1 272 lesionados que registró la ANT.
La diferencia es significativa: en Quito, 4 de cada 10 víctimas viales son personas con empleo formal. En Guayaquil, la proporción es menor por una mayor cantidad de personas en informalidad que también se afectan en los siniestros y cuya ausencia laboral no ingresa al radar del IESS. En el país 51,8% de trabajadores laboran en el sector informal, según el Inec.
Cinco actividades económicas concentran el 69% de todos los siniestros laborales viales registrados. Las actividades de servicios encabezan la lista con 4 652 casos.
Que el sector salud figure en tercer lugar -con más de 1 300 casos- sorprende en la data del IESS. Médicos, enfermeras, paramédicos, técnicos: personas que se desplazan en turnos irregulares, muchas veces en madrugadas, hacia hospitales y centros de salud. El paramédico que murió el 6 de mayo en Quito era parte de ese universo.
El costo total de los siniestros viales en Ecuador no solo lo calcula el IESS. El Banco Mundial lo estimó en 5 482 millones de dólares anuales, equivalentes al 5,02% del PIB del país en 2022. Es una cifra que ubica a Ecuador entre las naciones de ingreso medio-alto con mayor carga económica por siniestralidad vial, por encima de México (4,5%), y solo superado en la región por Colombia (6,2%) y Brasil (6,6%).
De ese total, 280 millones de dólares impactan en el presupuesto público -cantidad equivalente al 80% del presupuesto anual del Ministerio de Transporte e Infraestructura- y se distribuyen así:
Abad añade un dato que dimensiona la presión sobre el sistema de salud: “Seis de cada 10 camas de las salas de emergencia del país son utilizadas por víctimas de siniestros viales”. Esas camas incluyen las de los hospitales que administra el propio IESS.
Los datos de la ANT para 2026 permiten identificar cuándo ocurren los siniestros más graves. Los fallecidos se concentran entre la medianoche y las 6:00, y entre las 7:00 y las 12:00. Los lesionados son más frecuentes entre las 13:00 y las 18:00, y entre las 19:00 y las 23:00. Los tres días con más víctimas -heridos y fallecidos- son domingo, jueves y lunes.
Cinco causas probables que la ANT identifica como principales en 2026: conducir distraído por celular, pantallas, comida o maquillaje; superar límites de velocidad; no respetar señales de tránsito; conducir bajo la influencia del alcohol, drogas o medicinas; y no mantener la distancia del vehículo de adelante.
“Lo que le está pasando al país es que hemos perdido la institucionalidad en temas de seguridad vial”. Y enumera los síntomas: se quitaron los radares tras presión del sector de transporte; se eliminaron los controles por velocidad en Quito, y la Corte llegó a suprimir la prisión por exceso de velocidad, “cuando la velocidad es la primera causa de muerte en un siniestro de tránsito”.
Para él, la solución requiere que alguien tome el liderazgo de manera visible: “En los países que quieren dar un cambio real en seguridad vial, quien toma ese liderazgo es el propio presidente de la República”. Ecuador tuvo un intento con el Pacto Nacional por la Seguridad Vial impulsado por Lenin Moreno, que derivó en una reforma legal que hasta hoy no tiene reglamento.
Con 23 muertos (in situ y en hospitales) por cada 100 000 habitantes en 2024, Ecuador figura entre los 20 países con mayor tasa de mortalidad vial del mundo, según Abad. Los afiliados al IESS son parte crucial de esa estadística. Los 13 909 casos que el Seguro Social registró en tres años y tres meses son la prueba de que el camino hacia el trabajo sigue siendo el trayecto más peligroso del día.
El 74% de 13 909 siniestros viales registrados por el IESS entre 2023 y marzo de 2026 ocurrió mientras los afiliados iban o regresaban de sus trabajos. Los llamados siniestros “in itinere” son la principal amenaza vial para trabajadores formales en Ecuador. El IESS documentó que los afiliados sufrieron siniestros durante sus desplazamientos laborales, especialmente en Quito y Guayaquil. Expertos como Guillermo Abad advierten que hay empresas que aún no implementan políticas de prevención vial ni capacitaciones para reducir riesgos en los trayectos diarios
Los hombres jóvenes de entre 18 y 40 años concentran la mayor cantidad de víctimas con incapacidad o fallecimiento por siniestros viales laborales. De 13 909 afiliados afectados, 9 623 son hombres y el 75% de quienes sufrieron incapacidad permanente o murieron pertenece al grupo de 18 a 40 años. Esto implica una pérdida económica y social significativa porque se trata de población en plena etapa productiva, con décadas potenciales de aporte laboral y familiar aún por delante.
Entre 2023 y marzo de 2026, 230 afiliados fallecieron y 223 quedaron con incapacidad permanente tras siniestros viales relacionados con el trabajo. Aunque el 97% de afectados logró reincorporarse tras incapacidades temporales, el 3% restante sufrió consecuencias irreversibles. Hay un promedio de seis trabajadores muertos al mes durante el período analizado. Además, cientos quedaron con discapacidades permanentes que alteran tanto su vida laboral como la de sus familias, generando costos humanos y económicos para el Estado.
Guayaquil y Quito tienen más afiliados al IESS afectados por siniestros viales laborales. Guayaquil acumuló 4 037 casos y Quito 3 415 entre 2023 y 2026. Sin embargo, en el primer trimestre de 2026 Quito pasó al primer lugar. En la capital, 4 de cada 10 víctimas viales registradas por la ANT eran trabajadores formales afiliados al IESS, una proporción mucho mayor que en Guayaquil, donde el peso de la informalidad reduce la cantidad de casos registrados oficialmente.
Los siniestros viales generan pérdidas equivalentes al 5,02% del PIB ecuatoriano, unos 5 482 millones de dólares anuales. Según estimaciones del Banco Mundial, Ecuador está entre los países de América Latina con mayor impacto económico por siniestralidad vial. Los costos incluyen atención médica, pensiones, compensaciones y pérdidas de productividad. Solo el sistema público absorbe de 280 millones de dólares anuales, mientras que hospitales y emergencias enfrentan una alta presión: seis de cada diez camas de emergencia son ocupadas por víctimas de accidentes de tránsito.
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