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Catorce personas murieron y 29 resultaron heridas. El 15 de abril de 2026 dejó otra marca trágica en las carreteras del país. Un bus cayó en el km 57 de la vía Cuenca–Molleturo–El Empalme. En las horas siguientes, la escena se trasladó a hospitales y a un centro forense: 16 heridos fueron atendidos en el Hospital Vicente Corral Moscoso, mientras familiares aguardaban la entrega de cuerpos.
Ese recorrido –de la vía a la sala de emergencia– se repite todos los días en Ecuador y revela cómo los siniestros viales en Ecuador se convierten en una presión constante sobre el sistema de salud.
En Ecuador, uno de cada cuatro pacientes atendidos en emergencias públicas llega por un siniestro de tránsito. En enero de 2026 representaron el 25% de 5 649 atenciones y en 2025 fueron el 26%, según datos del Ministerio de Salud Pública (MSP) a los que accedió la Coalición Movilidad Segura. La consecuencia es directa: los siniestros de tránsito son la segunda causa de atención médica en la red pública, solo detrás de los eventos clínicos.
El peso de los siniestros se traduce en cirugías, hospitalizaciones prolongadas y rehabilitación que se extiende por meses o años. Los siniestros viales se han convertido en un problema crítico de salud pública que compromete la sostenibilidad del sistema sanitario nacional, advierte Gladys Meléndez, de la Coalición Movilidad Segura. Ese impacto implica una competencia por recursos en un sistema con limitaciones. Cada cama para una víctima de tránsito es una menos disponible para otras patologías.
Silvana Rosero lo vive desde el 14 de enero de 2025. Ese día, su hija de 21 años, sufrió un siniestro en la avenida Galo Plaza, a la altura de jabonería Ales, norte de Quito. El diagnóstico fue severo: fractura expuesta de fémur, fractura de pelvis y trauma craneoencefálico.
Estuvo hospitalizada nueve días, pasó seis meses en rehabilitación y más dos meses en controles con neurocirugía. Fue atendida en los hospitales públicos Pablo Arturo Suárez y Eugenio Espejo. El sistema público cubrió parte de la atención. La familia cubrió el dispositivo endomedular, pañales y medicación. La joven quedó con una secuela persistente: no recuerda el día del incidente ni los seis días posteriores.
En el hogar, sus padres y hermanos mayores suspendieron actividades laborales para cuidarla. No recibieron apoyo estatal ni de seguros. “Me da terror cuando escucho que aumentan los siniestros… no hay control en ningún aspecto”.
Paola Simbaña reconstruye otra dimensión del problema. Su hermano Juan Carlos, estudiante de Ingeniería Química, murió el 24 de septiembre de 2017 en un siniestro de bus. Su sueño era desarrollar prótesis a precios accesibles. Era un joven alegre, divertido y profundamente amoroso.
Con el avance del proceso judicial, la familia conoció que el bus circulaba a 140 km/h desde el redondel de El Cajas hasta el redondel de Otavalo y quien conducía no contaba con licencia profesional. Las pericias determinaron una falla en el sistema de frenos y señalaron que, de haber contado el conductor con la capacitación adecuada, habría podido realizar una maniobra de contramarcha que habría evitado la magnitud del siniestro. 14 personas murieron.
La asistencia médica se demoró en llegar y no había suficientes ambulancias para atender a las personas afectadas. Juan Carlos murió en el lugar.
El impacto no terminó con la pérdida. Continuó en audiencias, gastos legales y trámites. Los ofrecimientos de apoyo estatal no se concretaron. Los procesos ante el SPPAT los realizó sin acompañamiento. “Hasta la fecha, ninguna de las víctimas ha recibido la reparación integral dispuesta en la sentencia, ni en el ámbito económico ni en el psicológico. Ni siquiera las disculpas hemos recibido por parte de la cooperativa”, puntualiza Paola.
Las cifras de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) muestran una tendencia preocupante. Entre 2021 y 2025, los siniestros bajaron de 21 352 a 20 346 (-4,7%).
Sin embargo, los efectos de la siniestralidad fueron más severos:
Los siniestros viales en Ecuador tiene una geografía clara. Entre 2021 y 2025, 83% de muertes por siniestros viales se concentró en 11 de las 24 provincias: Guayas, Pichincha, Los Ríos, Manabí, Santo Domingo, Chimborazo, Azuay, Cotopaxi, El Oro, Esmeraldas y Tungurahua.
En lesionados, la concentración es mayor: el 86% de 91 387 heridos se registró en Guayas, Pichincha, Los Ríos, Manabí, Azuay, Santo Domingo, Tungurahua y Santa Elena. La Coalición Movilidad Segura insiste en la necesidad de respuestas focalizadas en sitios con más carga sanitaria y recurrencia de estos hechos.
Pero el riesgo no solo depende del número de siniestros. También cambia según el territorio. Un estudio de la Escuela Politécnica Nacional (EPN), basado en 29 044 siniestros entre 2021 y 2022, muestra que los accidentes en zonas rurales tienen mayor probabilidad de terminar en muerte o lesiones graves que en zonas urbanas. La explicación es estructural: mayores velocidades, menor iluminación, señalización limitada y tiempos de respuesta más largos.
Ese patrón se refleja en los datos provinciales de 2024. Napo y Pastaza registraron entre 77 y 80 fallecidos por cada 100 siniestros, muy por encima del promedio nacional de 11. Los datos muestran que la gravedad no depende solo de la conducta del conductor, sino del entorno donde ocurre el siniestro.
Las cifras de fallecidos en el lugar del accidente no reflejan toda la carga. En 2024, el INEC registró 4 108 muertes por siniestros viales en Ecuador. De ellas, 2 302 ocurrieron en el sitio. El 44% murió después. Para 2025, la tasa con fallecidos en sitio se mantuvo en 13, pero aún no hay un registro consolidado del total de muertes del INEC que permita dimensionar el problema.
Con las cifras del 2024 se puede saber la tasa de mortalidad:
La diferencia evidencia el peso que recae sobre hospitales y servicios de emergencia. Pero también hay otro dato que preocupa: provincias como Zamora Chinchipe registra una tasa superior a la media.
Por cada 100 siniestros de tránsito, según la ANT, en Napo y Pastaza (Amazonía) se registraron 77 y 80, fallecimientos, respectivamente, en 2024. Seguido de Carchi con 63 fallecidos.
El impacto económico empieza en el sistema público. Según un estudio del Banco Mundial (2023, con datos de 2022), la atención a víctimas de siniestros viales cuesta 280 millones de dólares al año.
Ese monto se distribuye en:
Solo el SPPAT, encargado de cubrir la atención a víctimas, destinó 77,6 millones de dólares en prestaciones económicas, según la rendición de cuentas de 2024. El monto creció en 38,3 millones de dólares frente a 2021. Esto evidencia un alza sostenida en la demanda. El 77% (60,2 millones de dólares) se destinó a gastos médicos de 87 328 víctimas, con un promedio de 689 dólares por persona atendida.
El costo socioeconómico de los siniestros de tránsito en Ecuador para 2022 ascendió a 5 482 millones de dólares. Este cálculo, realizado por el Banco Mundial (2023, con datos de 2022), incluye pérdidas humanas, daños materiales, pérdida de producción, gastos médicos y administrativos. Esto equivale a 5,02% del PIB, una de las cifras más altas de la región comparada con México (4,50%) o Chile (2,50%).
No es un gasto directo. Este valor proviene de los costos unitarios estimados por el Banco Mundial utilizando la metodología económica del Valor Estadístico de la Vida (VSL), que permite calcular el valor monetario que la sociedad asigna a reducir el riesgo de muerte, en seguridad vial, salud o infraestructura. En el VSL no solo se toman en cuenta los costos humanos de los siniestros sino también la pérdida de ingresos futuros, el valor del bienestar, la calidad de vida y la prevención, por lo que las cifras asociadas a los fallecimientos suelen ser elevadas. Así mismo calcula el costo promedio por víctima lesionada en:
Los siniestros también afectan directamente la economía familiar. Una encuesta realizada por Movidana y Dicontra con apoyo del Banco Mundial y Bloomberg a 350 hogares de Quito y Guayaquil muestra que antes del siniestro:
Después del incidente:
Para cubrir gastos:
Según la ANT (2026), las principales causas de fallecimientos y lesionados son:
El estudio de la EPN muestra que la gravedad también depende del contexto:
En Ecuador, se han identificado por lo menos 82 tramos de carreteras que permanecen en mal estado durante al menos tres años consecutivos. Esto incrementa el riesgo de pérdida de carril, volcamientos, especialmente en condiciones de lluvia o calzada mojada.
Ecuador busca reducir en 50% las muertes viales hasta 2030. Sin embargo, los datos actuales muestran una tendencia preocupante: menos siniestros, pero más graves; mayor presión sobre el sistema de salud y un impacto económico creciente. La crisis de los siniestros viales conecta salud, economía y desigualdad.
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