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Sospechas de corrupción recaen sobre más contratos de salud

Los agentes realizan un allanamiento en el Hospital de la Policía en Guayaquil. Foto: Fiscalía

Los agentes realizan un allanamiento en el Hospital de la Policía en Guayaquil. Foto: Fiscalía

Los agentes realizan un allanamiento en el Hospital de la Policía en Guayaquil. Foto: Fiscalía

Más denuncias sobre posibles actos de corrupción en la compra de insumos para enfrentar la pandemia llegan a la Fiscalía. Esta vez, la investigación apunta al Hospital del IESS en Ibarra por el contrato 011-HGIB-2020, que la directora administrativa encargada, Gabriela Rubio, firmó el 14 de abril pasado bajo régimen de emergencia. El valor comprometido es USD 15 000.

La información que consta en los archivos del Servicio de Contratación Pública señala que en la bodega de esa casa de salud no quedaban
fundas para cadáveres y que por eso era necesario adquirir 200 unidades.

En el contrato no se detalla si en los 14 días que duró el proceso de adjudicación se llamó a más proveedores para que presentaran sus proformas.

Rubio indicó ayer, 7 de mayo del 2020, que en el proceso de compra se obtuvieron tres cotizaciones. Una de USD 18, otra de USD 75 y la tercera de USD 110. “En el análisis de la Comisión Técnica, la funda de USD 18 no cumplía con las especificaciones que se requieren para el manejo de cadáveres con patologías como el covid-19, que son contagiosas y requieren que se cumplan todas las precauciones”.

Según el contrato, ese centro solicitaba una funda con un grosor de 0,4 a 0,6 milímetros y de un material denominado policloruro de vinilo (un derivado del plástico).

Otras especificaciones son 1,10 metros de ancho y 2,25 de largo. Además, debía cumplir la condición de no desgarrarse en el momento de sujetar, ser resistente a olores, a fluidos biológicos y formol, etc.

“No es una funda cualquiera, que se la puede encontrar en el mercado para otras patologías en USD 18 o en 1 dólar. Por eso, la Comisión seleccionó la oferta de USD 75, por ser la que cumple con las especificaciones técnicas”, dijo la Directora.

El martes 5 de mayo, la Fiscalía estableció que las fundas para víctimas de covid-19 tienen un valor referencial de USD 12.

La primera alerta de este hecho la dio el legislador Fabricio Villamar. Tras conocer estos datos, el presidente del Directorio del IESS, Jorge Wated, aseguró que investigarán “enseguida” y que si es necesario interpondrán una denuncia. “A mi criterio personal, el precio de USD 70 sigue siendo escandaloso”.

Con este caso, el número de hospitales bajo sospechas por las compras durante la emergencia suben a 10 en el país.

Ayer, 7 de mayo, la Comisión Nacional Anticorrupción (CNA) presentó una nueva denuncia. Su coordinador, Germán Rodas, dijo que hallaron “sobreprecios y redes de colusión” en 23 contratos efectuados por hospitales del Seguro Social y del Ministerio de Salud, por un monto de USD 32,5 millones.

Según la CNA, esas compras se habrían realizado a 11 contratistas (cuatro empresas y siete personas naturales), que registran actividades comerciales en áreas de ferretería, comidas y publicidad.

En otros casos -dijo- sus actividades económicas no están claras, pues en el Servicio de Rentas Internas (SRI) no consta el pago de sus impuestos.
Eso ocurrió en el contrato para bolsas de cadáveres en el Hospital de Los Ceibos.

La contratista es una persona natural, cuyo RUC no registra pago de impuestos.

En la zona donde va su firma se incluyen sellos de la empresa, pero esta no consta en la base de datos de la Superintendencia de Compañías.

Tras conocer la denuncia de la CNA, el ministro de Salud, Juan Carlos Zevallos, aseguró que esos casos los iba tomar “como un asunto personal”. “Voy a coordinar con los entes que corresponden como la Fiscalía y la Contraloría”.

Estos organismos de control ya abrieron pesquisas en ocho hospitales. Por la tarde, el Gobierno presentó la plataforma denominada Datos Abiertos.
La idea es que “la ciudadanía tenga acceso al detalle de las compras realizadas por el Estado durante la emergencia sanitaria”, indicó el Sercop.

Luego de que se conocieran estos casos, la Federación Médica Ecuatoriana, en conjunto con los colegios médicos provinciales, pidió a las autoridades romper la “cadena de corrupción” que se denuncia en las adquisiciones de insumos y equipos médicos”.

En Guayaquil también siguen las investigaciones en el hospital de la Policía Nº 2. 12 personas que fueron retenidas entregaron sus versiones hasta la madrugada de ayer. En esa lista están el Director Administrativo del centro de salud y funcionarios del área de Compras Públicas.

En los allanamientos ejecutados en el hospital y en los domicilios, los agentes decomisaron 25 computadoras y otros equipos electrónicos.

También entraron en cadena de custodia documentos relacionados con 22 procesos de adjudicación directa, que se realizaron aprovechando el estado de emergencia.

Precisamente allí se adquirieron las fundas para cadáveres, mascarillas y otros insu­mos, por unos USD 700 000.

Por fuera del sistema de salud también se han denunciado posibles casos de corrupción durante la emergencia.

La Secretaría de Gestión de Riesgos ejecutó una compra de 7 000 kits de alimentos y la Fiscalía analiza si existe un sobreprecio en este caso.

En el portal del Servicio de Contratación Pública consta un contrato de 13 páginas firmado entre la secretaria de Gestión de Riesgos, María Alexandra Ocles, y un proveedor. En el documento se detalla que se adquirieron 7 000 kits de alimentos por un valor de USD 1 055 740 más IVA, es decir que cada uno tiene un costo de USD 150,82.

Ocles aseguró que el convenio “se realizó dentro del marco de la ley de Contratación Pública y que se rige al manual de contratación de emergencia”. Pidió a la Contraloría General que revise el proceso.

En contexto

La figura de emergencia sanitaria es una declaratoria que primero emitió el presidente Lenín Moreno y luego los directores de cada hospital para lograr procesos rápidos de contratación. En seis de casas de salud indagadas se realizaron 65 contrataciones.

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