El Servicio de Rehabilitación Social analiza declarar en emergencia la alimentación y seguridad de las cárceles. Foto: Archivo/ EL COMERCIO
Tras el pedido de la Defensoría del Pueblo de declarar en emergencia al sistema carcelario, el secretario de Rehabilitación, Ernesto Pazmiño, dijo que “se analiza esa posibilidad”.
La tarde de este jueves 28 de febrero del 2019, el funcionario mencionó dos temas que se debe mejorar en las cárceles del país. La primera es transparentar y democratizar la contratación de la empresa que se encarga de la alimentación de las personas detenidas.
También mencionó la importancia de garantizar la seguridad externa e interna de los centros de rehabilitación.
Ayer, miércoles 27 de febrero, la Defensoría Pública detalló los centros de detención que deben ser intervenidos. Las cárceles que mencionó el organismo son las de Ibarra, Tulcán, Sucumbíos, Esmeraldas, Jipijapa, Guayaquil, Machala (de adultos y de menores), Quevedo y el Centro de Detención Provisional del Quito.
Según la entidad, en estos reclusorios existen problemas de hacinamiento, deterioro de las infraestructuras, falta de camas, la dificultad de los reos para acceder al servicio de salud, el incremento de violencia, entre otros inconvenientes.
