Gasolineras de Ibarra desabastecidas de combustibles…
Alianza de DD.HH. dice que desconoce el paradero de …
Ministerio de Educación abrió 18 bibliotecas
ANT refuerza seguridades informáticas de su sistema AXIS
La Asamblea recibiría antes del feriado el proyecto …
Indígenas mantuvieron movilización en la Sierra Centro
IMP evalúa el costo de reparaciones en el Centro His…
¿Quién era alias ‘Shakira’, relacionado al crimen de…

Tribunal sentencia a siete años de cárcel a tres personas en caso Diacelec

La defensa de Rafael Correa presentó el recurso, pues considera los tres jueces fueron seleccionados sin sorteo para llevar adelante la etapa de juicio. Foto: Vicente Costales / EL COMERCIO

La defensa de Rafael Correa presentó el recurso, pues considera los tres jueces fueron seleccionados sin sorteo para llevar adelante la etapa de juicio. Foto: Vicente Costales / EL COMERCIO

La audiencia de juzgamiento del caso Diacelec y Conacero se desarrolló la tarde de este miércoles 12 de febrero del 2020 en el Complejo Judicial Norte, en Quito. Foto: Vicente Costales / EL COMERCIO

El Tribunal de Garantías Penales de Pichincha declaró culpables de lavado de activos al empresario Édgar Arias, a su socio y jefa financiera y a las empresas Diacelec y Conacero, a las que además ordenó su disolución.

La audiencia de juzgamiento se desarrolló este 12 de febrero del 2020, en el Complejo Judicial Norte, en Quito. Después de seis horas de diligencia, los jueces sentenciaron a siete años de cárcel a las tres personas.

Además, los magistrados impusieron el pago de una reparación integral de USD 29,2 millones para el Estado. En cambio, declararon inocentes a la esposa e hijo del empresario y a su antigua contadora.

Este caso se desprende de la trama de corrupción de la empresa brasileña Odebrecht.

Según la Fiscalía, entre 2010 y 2016, Arias a través de sus empresas y otras firmas offshore, que tenía en Panamá, habría recibido dinero del departamento de Sobornos de Odebrecht.

La Fiscalía y la Unidad de Análisis Financiero del Ecuador estimaron un perjuicio de USD 14,6 millones, dinero de origen ilícito que sirvieron para pagar coimas a funcionarios del anterior Gobierno.

Suplementos digitales