El cuartel de Policía de San Lorenzo, en la frontera con Colombia, fue reconstruido luego del atentado con coche bomba del 27 de enero del 2018. Ahora, el paso vehicular está prohibido. Foto: Eduardo Terán / EL COMERCIO
El sol brilla dorado en la piel de los niños que saltan al agua una y otra vez desde tres metros de altura en el muelle de San Lorenzo, cerca de la frontera entre Ecuador y Colombia. Los pequeños de torsos desnudos son estibadores y nadan en el estero mientras los adultos, lancheros, apuestan con barajas sobre mesas a metros del embarcadero, donde se apilan costales con arroz, cartones con aceite, jabas con cerveza.
“La última lancha de servicio de pasajeros ya salió a Palma Real a las 16:00. Tiene que esperar a mañana, a las 06:30 sale, 3 dólares el viaje”, dice un mestizo, franela al hombro, entre triciclos. En el encalladero se esperan botes de Colombia; el aroma de guanta, un roedor de monte asado a leña en un chozón del malecón Simón Bolívar, seduce a los viajeros.
Desde ese malecón se divisan globos blancos. En la plaza central, niños, profesores y padres de familia gritan consternados por la muerte de Nhasly. “Estamos conmocionados por lo que está pasando en el pueblo”, dice Ángel Perea, profesor de la Unidad Educativa Fiscomisional San Lorenzo. “No podemos permitir que esto siga. San Lorenzo no puede vivir en incertidumbre”.
Nhasly, de 4 años, fue hallada ahogada, la ropa interior en las piernas, la noche del 10 de octubre en el barrio La Carbonera. Olga, su madre, no cree que esa muerte fuera casual. Relata que una mujer robó su restaurante y le dijo que lo volvería a hacer. “Me dijo denúnciame, me dijo que era de la gente de Guacho. Solo quiero justicia”.
La marcha por Nhasly pasa por el Municipio, la Corte, la Fiscalía, a través de calles que parecen despensas con perchas de ropa, material de construcción, ferreterías, electrodomésticos, motocicletas, celulares, colchones, alimentos y ‘crédito fácil’. Los caminantes visten de blanco y portan carteles: ‘San Lorenzo libre de violencia’.
En 2017, Ecuador registró una tasa de menos de seis homicidios por cada 100 000 habitantes. Pero San Lorenzo tuvo 21 por cada 100 000 habitantes. “Por la paz de San Lorenzo”, grita Perea, la voz de mando. “Queremos justicia”, responde la marcha, que también pasa por el cuartel policial, escenario de un coche bomba el 27 de enero del 2018.
El cráter de cuatro metros tiene la yerba crecida. A dos metros, una niña empuja un andador rosado con su hermano; ambos, hijos de Kati Preciado. El hueco es parte del horizonte desde la puerta de su casa, siempre abierta como balcón entre las paredes ocre de la vivienda social que el Gobierno de Ecuador levantó en el barrio Las Delicias para 14 familias damnificadas del ataque al cuartel de Policía. “Allí pusieron la bomba”, dice Kati, afrodescendiente, 36 años, madre de siete niños.
Las 14 casas (dos dormitorios, un baño y sala, comedor y cocina) fueron construidas por ‘emergencia’, en USD 196 000, para las familias que eran propietarias de solares. Otras 55 viviendas se repararon con base en la Resolución 011-18 del Ministerio de Vivienda. Con la Resolución 0155 del Ministerio del Interior se reconstruyó el cuartel policial. San Lorenzo ahora es la base del Agrupamiento Táctico Mataje, comandado por un boina roja del Ejército.
Por el coche bomba ya hay 27 procesados, incluido Guacho.“Uno vivió una cosa horrible y tratan de decir que uno no estuvo dentro (de la casa, el 27 de enero), que uno recibió plata y todo eso. Estábamos dormidos en mi casa de cuatro habitaciones. Ahora mi esposo no puede trabajar normal (otros 27 heridos se recuperaron), tiene una esquirla del coche bomba cerca de la columna, no lo operan por peligro a quedar inválido”, se quiebra Kati, los ojos miel.
El andador rosado es el único vehículo que avanza por la calle posterior del cuartel. En las esquinas, una cinta amarilla de ‘escena del crimen’ alerta ‘prohibido el paso’; vallas metálicas antimotines del Ministerio del Interior y tanquetas negras cercan la zona. Allí, el comando policial tiene un muro blanco con puntiagudas concertinas barbadas y agentes con chalecos antibalas que filman desde la azotea o toman fotos incluso a los periodistas.
Una cinta amarilla de alerta se coloca cada día en la única estación de servicio de San Lorenzo. A partir de las 17:00, en el cantón no se vende combustible; el lugar más cercano para abastecerse está a 150 kilómetros al sur, en la ciudad de Esmeraldas, aunque en poblados de esa vía un galón de gasolina extra se consigue por USD 2,50.
Sobre el muelle hay canecas con gasolina para lanchas con motores fuera de borda de hasta 300 caballos de fuerza (otras tienen dos motores en la popa), que atracan antes de ir a mar abierto o a Colombia. Junto a los botes, los niños de torsos desnudos sortean clavados para las cámaras, hasta que llega la puesta de sol y se convierten en sombras que juegan en el embarcadero de San Lorenzo.
San Lorenzo, un puerto en la frontera norte
Niños practican clavados en el muelle de San Lorenzo, cantón fronterizo con Colombia. Foto: Dimitri Barreto P. / EL COMERCIO
El muelle de San Lorenzo, Esmeraldas, es un puerto de entrada y salida a Colombia en Ecuador. Foto: Dimitri Barreto P. / EL COMERCIO
Nhasly, de 4 años, apareció muerta el 10 de octubre del 2018. San Lorenzo marchó por justicia. Foto: Eduardo Terán / EL COMERCIO
El barrio Las Delicias, devastado el 27 de enero del 2018 por un coche bomba, fue reconstruido. Foto: Eduardo Terán / EL COMERCIO
Lanchas con motores de hasta 300 HP o con más de un motor atracan en San Lorenzo. Foto: Eduardo Terán / EL COMERCIO