Diana Salazar ejerce como fiscal general del Estado desde el 8 de abril del 2018. Foto: EL COMERCIO
La notificación llegó al país el 13 de diciembre pasado. Ese día, la Corte de La Haya confirmó que cuatro ecuatorianos fueron designados miembros de la Corte Permanente de Arbitraje. En esa lista están la fiscal general, Diana Salazar, y los juristas Carlos Estarellas, Gonzalo Salvador y José María Pérez.
¿Cómo llegaron a esa instancia? La postulación de sus nombres nació del gobierno de Lenín Moreno. Por eso, los abogados que defienden a los procesados en el caso Sobornos cuestionaron a Salazar. Aseguraron que esto demuestra que no hay independencia en la actuación de la Fiscalía.
Ayer, apenas se hizo pública la noticia, personal de la Fiscalía aclaró que la designación no implica que Salazar deba dejar su puesto y que seguirá con los procesos judiciales que en el momento tiene a su cargo.
“No es una jugada política para separar a la doctora Salazar de la Fiscalía”, dijeron en esa entidad. “Está acreditada para actuar solo en caso de que se presente un proceso de arbitraje. Son cuestiones puntuales y esporádicas, que no implican que la Fiscal deba irse allá (la sede está en los Países Bajos). Ahora, dependiendo de la agenda y la prioridad que tenga, podrá excusarse de conocer algún proceso”.
De hecho, quienes integren la Corte de La Haya son potenciales árbitros designados por los Estados miembros.
Cada país tiene derecho a designar a cuatro personas con “conocimiento reconocido en cuestiones de derecho internacional, de la más alta reputación moral y dispuestos a aceptar deberes de árbitros” como miembros de la Corte.
A través de un comunicado, la Fiscalía señaló: “Esta designación es fruto de un proceso de cuidadosa selección de los candidatos postulados, que se ha logrado atendiendo a las necesidades y requerimientos del cargo, y la probidad que han demostrado a lo largo de su trayectoria profesional”.
Según la Convención para el Arreglo Pacífico de Disputas (art. 23), los integrantes de este organismo internacional ejercerán sus funciones seis años, contados a partir del 22 de noviembre del 2019, cuando Ecuador hizo su designación.
El penalista Gabriel Ponce aseguró que esto no afectará a la independencia de la justicia. “No le están nombrando para un cargo del Ejecutivo dentro del país. En este caso se trata de un organismo internacional y eso no tiene injerencia en la administración de justicia local”.
La Corte Permanente de Arbitraje se encarga de resolver controversias entre países, mediante tratados internacionales y otros convenios de arbitraje. Entre los asuntos de su competencia se incluyen controversias sobre fronteras territoriales y marítimas, soberanía, derechos humanos, inversión extranjera y asuntos relacionados al comercio a escala regional y mundial.
En la Fiscalía General se aclaró que en caso de existir un tema relacionado con Ecuador, Salazar no lo trataría.
El internacionalista Carlos Estarellas explicó que cuando se requiere resolver algún caso, en la Corte se realiza un sorteo entre los árbitros propuestos por los Estados miembros.
Los 11 integrantes de la Comisión Anticorrupción se reúnen hoy para analizar esta designación y determinar si existe o no una afectación a la independencia judicial. “Pero sí vemos con preocupación que esa designación afecte o retrase los procesos de investigación en los casos de corrupción”, sostuvo Germán Rodas, coordinador nacional del grupo.
En la oficina de la Fiscalía, en Quito, cinco agentes especializados en temas de corrupción cometidos por empleados estatales manejan 5 400 expedientes cada uno.
Además, otros seis fiscales tienen en su poder 23 casos de corrupción cada uno. En esa lista están el expresidente Rafael Correa, el exvicepresidente Jorge Glas, exministros y exasambleístas, entre otros.
Los funcionarios dicen que no alcanzan a evacuar todos los expedientes que reciben.
Uno de los juicios que está por comenzar es el relacionado con el caso Sobornos. La diligencia está convocada para este viernes, en la Corte.
“La Fiscal General tiene que ser una persona totalmente independiente, neutra de los poderes. Esa designación internacional sí es un honor para el Ecuador y para la Fiscal, pero el origen de la nominación es complicado”, sostuvo el penalista Álvaro Guzmán. “El Presidente no debió nominarla, pues es una cuestión de ética, así no haya una normativa interna o internacional que lo prohíba. Lo que debería hacer la Fiscal es excusarse y agradecerle por la nominación”.
El martes, en la presentación de su informe de labores, realizado en la Asamblea, Salazar dijo que el compromiso institucional es luchar contra la corrupción y la impunidad. Ayer, en la entidad se indicó que esa línea no cambia. “Atendemos en todo el país con 838 fiscalías, de las cuales 498 son multicompetentes y 340 especializadas, en las que actualmente laboran 840 agentes fiscales”.