La Intendencia y la Policía intervinieron los sitios de alojamiento que incumplían la normativa para su funcionamiento. Foto: Juan Carlos Pérez /EL COMERCIO.
El permiso de funcionamiento establece que los hoteles, residenciales y pensiones solo deben brindar los servicios de alojamiento para personas.
Pero en la ciudad de Santo Domingo, tras una investigación de la Policía e Intendencia, se verificó que estos sitios prestaban sus instalaciones para las labores de trabajadoras sexuales.
Según la Intendencia, estas mujeres acudían a esos alojamientos con clientes.
Debido a eso, este jueves 17 de septiembre del 2015, la Intendencia clausuró 10 de estos establecimientos que funcionan en la calle peatonal 3 de Julio.
Ese fue el segundo operativo de este mes, que hasta el momento han dejado 30 de estos locales sancionados. El anterior operativo se realizó en los hoteles que operan en los alrededores del terminal terrestre.
Según el intendente, Julio Calero, el uso no adecuado de las instalaciones contribuía al incremento de la inseguridad en el centro de Santo Domingo. Se receptaron quejas de personas que habrían señalado que observaban ingresar a los locales a personas en actitud sospechosa. Las residenciales intervenidas se encuentran a pocos pasos del edificio del Municipio y de locales informales que en carpas y mesas improvisadas venden ropa, zapatos, libros…
A una distancia mínima de estos lugares, también ofrecen sus servicios trabajadoras sexuales de la organización ‘Las Barbies’. Leticia O., presidenta del gremio, asegura que sus labores están limitadas por cuanto no tienen un sitio fijo para atender.
Ella cree que hay cierta exageración de las autoridades. Y afirma que sus actividades se realizan sin causar inconveniente a las demás personas. Los dueños de las pensiones también pusieron reparos a la acción de la Policía y de la Intendencia.
Uno de ellos indicó que en los filtros básicos de seguridad no se puede establecer con exactitud que una pareja se aloja para otros fines. En los registros únicamente apuntan la identidad y el tiempo de permanencia. Los dueños de las residenciales deberán acudir a una reunión en la Intendencia de Santo Domingo.
Esto se les dijo luego de que se colocaran los respectivos sellos de clausura. La sanción es de ocho días sin actividad y tendrán que pagar USD 100 de multa.