65 reformas al Código Orgánico de la Función Judicial dan un giro al sistema
La presidenta de la Judicatura, María del Carmen Maldonado, habló de las reformas. Foto: cortesía
Las propuestas para reformar el Código Orgánico de la Función Judicial se recopilaron desde 2018. Dos años después, el Pleno de la Asamblea aprobó 65 cambios a esa norma.
Las modificaciones se relacionan con la evaluación de funcionarios judiciales, acciones disciplinarias del Consejo de la Judicatura (CJ), la reelección de notarios, la creación de nuevas unidades judiciales, la capacitación de fiscales y defensores, etc.
Esta normativa fue aprobada el lunes 5 de octubre del 2020 con el voto afirmativo de 123 asambleístas. También hubo siete abstenciones.
Con los cambios además se estableció la incorporación de jueces y tribunales especializados en delitos de corrupción y crimen organizado.
Un día después de la aprobación, la Judicatura anunció que la primera unidad judicial en donde laborará este tipo de magistrados, estará en Quito. Conocerá casos que se originen a escala nacional.
Después se abrirán otras oficinas de acuerdo con la cantidad de expedientes que se presenten en cada provincia.
Solo durante la pandemia, la Fiscalía abrió 120 procesos por corrupción. Hay 85 procesados, y de ellos 55 permanecen con prisión preventiva.
En este momento, en el país opera una unidad especial que se creó sobre la marcha por la cantidad de tramas develadas.
Germán Rodas, coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción, dijo que la decisión de los legisladores “constituye un pequeño, pero importante avance para combatir los delitos que van contra la administración pública”.
En el 2018, este grupo remitió un oficio a la extinta Secretaría Anticorrupción en el que mencionaba la necesidad de crear fiscalías y unidades judiciales especializadas en esos temas para que “los procesos judiciales avancen de forma ágil”.
“Se establecen mejoras significativas para brindar una adecuada prestación del servicio de justicia”, señaló el CJ.
Las reformas aprobadas también mencionan plazos para evaluar el desempeño y productividad de los funcionarios judiciales y además de los magistrados de la Corte Nacional.
Con los cambios se estableció que esta valoración deberá realizarse cada tres años.
Dos días antes de que se aprobaran las reformas, la presidenta del alto Tribunal, Paulina Aguirre, expresó públicamente su postura en este tema.
“Usar la evaluación individual de desempeño como herramienta para sancionar y controlar disciplinariamente a jueces significaría abrir una oportunidad para ejercer interferencia, violar la independencia judicial interna y poner en riesgo al Estado de derecho”, señaló la funcionaria.
Adicionalmente, la Asamblea incorporó a la ley los parámetros de legalidad, transparencia y credibilidad que deben aprobar quienes postulen a un cargo en la Función Judicial.
En la actual normativa no están contemplados esos filtros, aunque sí se anunció su aplicación para el concurso de nuevos jueces de la Corte Nacional, que está en marcha.
La legalidad y la transparencia implican que el concursante debe comprobar que no haya tenido un incremento injustificado de su patrimonio, que no tenga bienes en paraísos fiscales, que no arrastre procesos judiciales, entre otros.
Además, en la norma se incluye el fallo que la Corte Constitucional emitió en julio.
Allí se establece que la Judicatura podrá iniciar una acción disciplinaria por error inexcusable, dolo o negligencia en contra de un funcionario judicial, solo si un juez superior al investigado determina la existencia de la infracción.
Con esto, los 3 000 expedientes disciplinarios que tiene abiertos la Judicatura deberán ser analizados por un magistrado. De lo contrario la causa será archivada.
También hubo cambios en cuanto al trabajo de los b. Hasta hoy, quienes eran reelegidos sí podían volver a concursar para un tercer período.
Pero con las reformas no podrán hacerlo. Permanecerán en sus cargos por seis años y podrán ser reelegidos por una sola vez. Es decir, podrán mantenerse dos períodos.
El presidente Lenín Moreno analizará este paquete y decidirá si aprobarlo o vetarlo. Tiene 30 días para pronunciarse.
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