El asesinato de la abogada María Belén Bernal al interior de la Escuela Superior de Policía General Enríquez Gallo, en Quito, presuntamente cometido por un oficial instructor de la fuerza pública, abrió el debate sobre si se trata de un crimen de Estado o no.
Para Elizabeth Otavalo, madre de la víctima, se trata de un crimen de Estado ya que su hija tuvo una muerte violenta en una institución estatal, presuntamente a manos de Germán C., oficial instructor, que era su esposo de su hija y está prófugo. En la otra orilla están las autoridades de Gobierno que tratan de individualizar al sospechoso de cometer el asesinato, tachándolo de mal elemento que ha dañado la imagen de la Institución.
Una aproximación a lo que es un crimen de Estado la tiene el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) de Colombia.
Para esta organización no gubernamental, los crímenes de Estado son aquellos delitos cometidos por los agentes estatales, o por particulares (como los grupos paramilitares) que actúan en complicidad o por tolerancia (omisión) del Estado.
Elizabeth Otavalo protestó por la desaparición de su hija, la abogada María Belén Bernal, en los exteriores de la Escuela Superior de Policía Gral. Alberto Enríquez Gallo. La víctima fue vista por última vez cuando ingresaba a este centro de formación de oficiales. Foto: EL COMERCIO
Movice considera que algunos tipos de crímenes de estado son el asesinato, el exterminio, la esclavitud, la desaparición forzada, el desplazamiento forzado, la deportación o las persecuciones contra cualquier población civil por motivos sociales, políticos, económicos, raciales, religiosos o culturales.
Criterios divididos por caso de María Belén Bernal
La abogada de Derechos Humanos y profesora Universitaria, María Dolores Miño, ha sostenido en las plataformas virtuales que el asesinato de Bernal reúne las características para ser considerado un crimen de Estado.
“Cualquier acción u omisión lesiva de Derechos Humanos perpetrada por agentes estatales es directamente atribuible al Estado”, señaló Miño en sus redes sociales. Señala que Bernal fue asesinada por un policía, agente estatal, que se encontraba en funciones.
Al otro lado de la orilla está Ramiro García, abogado y profesor, señala que no es un crimen de Estado pero sí existe responsabilidad estatal. “No solamente porque es un funcionario público sino porque este hecho se comete dentro de una instalación pública.
¿Qué dice el Gobierno sobre el caso?
Funcionarios del Gobierno han calificado la muerte de la víctima como un hecho de responsabilidad única del presunto asesino. El ministro del Interior, Patricio Carrillo, se negó a aceptar que sea un crimen de Estado o institucional.
El pasado 21 de septiembre, cuando se localizó el cadáver de María Belén Bernal, dijo que la muerte de la abogada es “un acto cometido por un irracional” que tampoco fue impedido por cadetes y agentes que se encontraban en el lugar y que escucharon los llamados de auxilio de la víctima.
En los primeros días de la desaparición de María Belén Bernal hubo un intercambio de acusaciones entre la fiscal General del Estado, Diana Salazar, y el secretario de Seguridad del Gobierno, Diego Ordónez.
La Fiscal señalaba que no se hizo nada por impedir la fuga de Germán C. y Ordóñez señaló que no había una boleta de detención.
Más allá de las formas, fue el presidente Guillermo Lasso el que confirmó la muerte de María Belén Bernal, a través de un mensaje en redes sociales, mientras que el ministro Carrillo ofreció disculpas a la madre y al hijo de la víctima, acciones que para muchos son entendidas como un reconocimiento implícito de que asumen este asesinato como una cuestión de Estado.
La Secretaría de Derechos Humanos solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que inicie un proceso de observación para que “supervise que la investigación se desarrolle de forma imparcial, con respeto a los derechos humanos y con enfoque de género”.
