La Fiscalía procesó a tres personas por su presunta participación en el delito de robo agravado de 15 autos de una empresa concesionaria de vehículos. El hecho se registró la madrugada del domingo 21 de mayo, en el norte de Guayaquil.
Durante la audiencia de formulación de cargos, un juez dictó prisión preventiva contra los tres sospechosos, entre ellos un guardia de seguridad y un policía en servicio activo.
¿Cómo ocurrieron los hechos?
El robo se perpetró la madrugada del 21 de mayo de 2023. El ECU 9-1-1 alertó a la Policía sobre la sustracción de 15 vehículos nuevos, que se encontraban al interior de una bodega ubicada en la parroquia de Pascuales, en el norte de Guayaquil.
Según la Fiscalía, se detectaron incongruencias en las versiones de uno de los guardias y se analizaron las cámaras de seguridad de calles y avenidas aledañas.
De esa forma se pudo visualizar el trayecto emprendido por los conductores de los vehículos sustraídos. Además, se rastrearon las llamadas del celular del guardia de seguridad.
Con esa información se detuvo al agente de seguridad privada y se realizaron allanamientos en donde se aprehendió también a un policía en servicio activo, quien era familiar del guardia, y a una persona más.
En los allanamientos, los agentes se incautaron de armas de fuego, municiones, alimentadoras, radio de comunicaciones, un chaleco antibalas de la Policía Nacional. Además, se recuperaron dos de los vehículos sustraídos en la localidad de Petrillo, en el norte de Guayaquil.
Sanciones por el delito de robo
Las nuevas reformas al Código Integral Penal (COIP), de marzo de 2023, establecen no solo penas privativas de libertad para las personas que cometan el delito de robo sino también establecen multas económicas.
Según el artículo 189 del COIP, la persona que sustraiga o se apodere de pertenencias ajenas, únicamente con fuerza en las cosas, será sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco años y multa de 10 a 20 salarios básicos unificados del trabajador.
La sanción aumenta de cinco a siete años de cárcel y una multa de 20 a 40 salarios básicos, si el robo se produce con fuerza en las personas, si se ejecuta con arma blanca, arma de fuego o si se ejecuta usando sustancias estupefacientes para someter a la víctima.
La pena será de siete a 10 años de prisión y multa de 40 a 80 salarios básicos cuando se le ocasionen lesiones a la víctima del robo o cuando el delito se cometa sobre bienes públicos, comisados o incautados.
Además, la sanción será de 10 a 13 años de privación de libertad y multa de 80 a 120 salarios básicos si el delito se comete sobre material bélico como armas, municiones, explosivos y equipo de dotación militar o policial.
Se establece esa misma pena cuando una persona sustraiga droga incautada, cuando el delito sea cometido por funcionarios públicos responsables de la administración y control de los bienes robados. Y cuando se cometa el robo como parte del accionar de la delincuencia organizada.
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