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Una orden judicial de encarcelamiento inmediato recayó sobre cuatro presuntos implicados en la muerte de 11 militares ecuatorianos, tras la audiencia de formulación de cargos desarrollada por el delito de delincuencia organizada con fines de tráfico de sustancias ilícitas y sicariato. La jueza a cargo de la causa dictó prisión preventiva en contra de Luis M., Jhordy M., Luis B. y Diego M., a quienes los informes policiales y fiscales señalan como los principales coordinadores de una célula armada que opera en la región amazónica. La etapa de instrucción formal se extenderá por 90 días.
Durante la exposición de los elementos de convicción, la fiscal del caso vinculó de manera directa a los cuatro procesados con el ataque armado perpetrado el 9 de mayo de 2025 en el sector de Alto Punino, perteneciente a la provincia de Orellana, incursión en la que perdieron la vida 11 elementos de las Fuerzas Armadas del Ecuador.
De manera adicional, los expedientes presentados en la diligencia judicial relacionan a esta misma estructura con el asesinato de tres servidores de la Policía Nacional registrado en el cantón Joya de los Sachas, lo que sustentó la solicitud de privación de libertad para salvaguardar el proceso.
La captura de los sospechosos se ejecutó a través de un operativo conjunto entre delegados del Ministerio Público y grupos de élite policiales. Durante la intervención táctica se procedió al allanamiento simultáneo de 14 inmuebles ubicados en sectores estratégicos.
En el registro de las propiedades intervenidas, los uniformados levantaron varios indicios materiales, entre ellos siete teléfonos celulares, seis dispositivos electrónicos y abundante documentación sobre operaciones logísticas. Todos estos objetos quedaron incorporados a la cadena de custodia para ser sometidos a las respectivas pericias técnicas.
Las indagaciones policiales determinaron la existencia en territorio ecuatoriano de una célula perteneciente a la organización armada “Comandos de la Frontera“, grupo disidente derivado de la antigua guerrilla de las FARC, cuya conducción local estaba presuntamente en manos de los cuatro aprehendidos.
La red delictiva cuenta con más de 70 integrantes en la zona limítrofe y responde a las órdenes de un líder identificado bajo el alias de “Gabino”. Este cabecilla ejerce influencia operacional en un corredor fronterizo que conecta el departamento de Putumayo en Colombia con las provincias ecuatorianas de Sucumbíos y Orellana, articulando actividades de narcotráfico, sicariato, minería ilegal, extorsión y secuestro.
De acuerdo con el informe de las autoridades judiciales, los miembros de esta facción armada se encuentran relacionados con diversos episodios de extrema violencia en la frontera amazónica que han dejado un saldo de 19 personas fallecidas, además de vinculaciones directas con decomisos a gran escala de clorhidrato de cocaína.
El proceso legal abierto en su contra se fundamenta en el artículo 369 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), normativa que tipifica el delito de delincuencia organizada y establece penas privativas de libertad para quienes formen parte, financien o lideren organizaciones destinadas a cometer delitos graves.
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