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El 15 de octubre de 2026, la Policía y la Fiscalía ejecutaron la operación Muralla en Orellana, Sucumbíos y Guayas. Cuatro personas fueron detenidas. Según el ministro del Interior, John Reimberg, la investigación identificó presuntos integrantes de las áreas operativas y logísticas de los Comandos de la Frontera, así como personas que habrían coordinado ataques y financiado actividades del grupo.
El operativo puso nuevamente en primer plano a una organización armada de origen colombiano que aparece en investigaciones judiciales ecuatorianas y en reportes sobre la frontera norte. En Ecuador, distintas investigaciones vinculan la influencia del grupo con actividades delictivas y redes financieras.
La Fiscalía ecuatoriana los identifica como un grupo armado colombiano integrado por disidentes de las FARC, con operación en la frontera colombo-ecuatoriana. La Policía ha señalado que surgieron tras la desmovilización del Frente 48 de las FARC y que están vinculados con el grupo criminal colombiano La Constru.
La organización ha sido investigada en Ecuador por delincuencia organizada con fines de tráfico de drogas y armas, además de lavado de activos. En agosto de 2024, la Policía informó que una estructura articulada con los Comandos tenía como base de operaciones Orellana y Sucumbíos, y que habría coordinado el traslado de droga desde laboratorios en Colombia hacia puntos de almacenamiento temporal en puertos ecuatorianos.
OPERACIÓN MURALLA: GOLPE A LOS COMANDOS DE LA FRONTERA. Hoy le damos un golpe contundente a los Comandos de la Frontera, una organización criminal vinculada al narcotráfico, el tráfico de armas, la minería ilegal y actos de terrorismo. Después de casi un año y medio de investigación, la Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía General del Estado, logró identificar su estructura criminal, su cadena de mando y las redes logísticas que permitieron ejecutar y financiar sus actividades delictivas. Esta noche capturamos a cuatro cabecillas y presuntos responsables de hechos criminales que acabaron con la vida de 19 personas, incluidos nuestros 11 militares asesinados en Alto Punino y tres policías asesinados en Joya de los Sachas. Vinculados a 25 muertes más en Orellana, Joya de los Sachas y Sucumbios Mediante 14 allanamientos simultáneos en Orellana, Sucumbíos y Guayas, con la participación de 122 servidores policiales y 14 funcionarios de Fiscalía, golpeamos tanto a quienes ejecutaban los ataques como a quienes los planificaban, financiaban y facilitaban. Entre los detenidos están alias Mazón, Meneses, Raquetilla y Coche, señalados por la investigación como integrantes de la estructura logística y operativa de esta organización. Este operativo no es un hecho aislado. Es el resultado de un trabajo investigativo que busca desmantelar a toda la organización, sus colaboradores, sus corredores logísticos y su capacidad para movilizar hombres y armas entre Colombia y Ecuador. Estamos golpeando donde más les duele: en sus estructuras, en su logística y en su economía criminal. Esta operación se suma a una afectación superior a los 600 millones de dólares contra esta organización, de acuerdo con la información consolidada en esta investigación. A las organizaciones criminales les decimos con absoluta claridad: no importa cuánto tiempo tome una investigación, no importa dónde se escondan ni quiénes los protejan. Los vamos a perseguir, los vamos a encontrar y los vamos a poner a órdenes de la justicia. A las familias de nuestros 11 militares y de nuestros tres policías asesinados: su sacrificio no será olvidado. El Estado no les da la espalda. Seguimos trabajando para que estos crímenes no queden en la impunidad. En el Gobierno del presidente Daniel Noboa no retrocedemos frente al terrorismo ni frente al crimen organizado. Aquí hay decisión política, hay una Policía comprometida y hay un Estado que va a enfrentar a estas estructuras criminales hasta desarticularlas. ¡No nos vamos a detener!
— John Reimberg (@JohnReimberg) October 15, 2026
La Policía indicó que se usaban vehículos de carga con compartimentos ocultos. Esa información corresponde a la investigación policial de ese caso.
Los procesos judiciales también han permitido identificar distintos niveles de participación. En julio de 2025, un tribunal sentenció a 13 personas por delincuencia organizada con fines de tráfico de drogas. El tribunal consideró líderes de la organización a cinco y colaboradoras a las otras ocho. La Fiscalía señaló que durante el juicio se presentaron testimonios, seguimientos, vigilancias y pericias técnicas.
Las investigaciones ubican su presencia principalmente en Sucumbíos y Orellana. Reportes sobre la frontera norte también mencionan a Napo. En esas provincias, la organización ha sido vinculada con narcotráfico y minería ilegal.
Un informe de International Crisis Group, señala una alianza con Los Lobos para actividades relacionadas con el tráfico de cocaína y la protección de operaciones mineras ilegales.
La investigación financiera del caso muestra otro componente de su influencia. En septiembre de 2026, la Fiscalía informó que 15 personas y cinco empresas fueron sentenciadas por lavado de activos.
Según la entidad, los procesados utilizaron compañías y actividades económicas para introducir al sistema financiero recursos de origen ilícito y darles apariencia legal. La investigación identificó movimientos financieros irregulares por aproximadamente 397,8 millones de dólares, entre 2015 y 2025.
En junio de 2025 cayó alias El Gerente. Hoy, el Bloque de Seguridad capturó a otros miembros de Comandos de la Frontera, el grupo que emboscó y asesinó a 11 de nuestros militares en Alto Punino y a 3 policías en La Joya de los Sachas. Nuestros militares y policías dieron la vida enfrentándolos. Llevar a los responsables ante la justicia es honrar su memoria y cumplir nuestra palabra con sus familias.
— Daniel Noboa Azin (@DanielNoboaOk) October 15, 2026
La Fiscalía detalló que esos movimientos incluyeron depósitos en efectivo y cheques, transferencias desde y hacia el exterior, giros y créditos bancarios que, según la investigación, los involucrados habrían cancelado en períodos cortos. También reportó compras de bienes muebles, vehículos, activos pecuarios e inmuebles.
En esa causa, el tribunal impuso penas de 13 años a 14 personas y sentenció a otra a 10 años. Además, sancionó a cinco empresas con disolución, clausura, multa y comiso penal.
La información disponible describe una estructura que combina redes de tráfico, logística, financiamiento y presunta presencia armada en zonas amazónicas.
La operación Muralla busca establecer responsabilidades adicionales y reconstruir sus corredores de movilización entre Colombia y Ecuador. Las capturas y los señalamientos anunciados el 15 de octubre corresponden a una investigación en curso; la responsabilidad penal de los detenidos deberá determinarse en el proceso judicial.
El 9 de mayo de 2025, 11 militares ecuatorianos murieron durante una emboscada en Alto Punino, en la provincia de Orellana. La patrulla participaba en operaciones contra la minería ilegal. Las Fuerzas Armadas atribuyeron el ataque a los Comandos de la Frontera; la Fiscalía abrió una investigación para identificar a los responsables.
El caso volvió a aparecer en las investigaciones anunciadas el 15 de octubre de 2026. Según las autoridades, los cuatro detenidos en la operación Muralla tendrían relación con hechos violentos que incluyen la muerte de los militares. La investigación debe establecer la participación individual de cada sospechoso.
Roberto Álvarez, alias ‘El Gerente’, fue detenido el 26 de junio de 2025 en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos, durante un operativo coordinado entre las unidades de Interpol de Ecuador y ese país.
La Policía lo identificó como presunto cabecilla de los Comandos de la Frontera y señaló que era investigado por narcotráfico y lavado de activos; también indicó que estaría implicado en el ataque de Alto Punino.
#ATENCIÓN | Caso #ComandosDeLaFrontera: #FiscalíaEc solicitó al Juez respectivo que emita la boleta de encarcelamiento contra Roberto A., alias "Gerente", quien fue deportado ayer desde Emiratos Árabes Unidos y sobre quien pesa un llamamiento a juicio por #DelincuenciaOrganizada. https://t.co/7PkhKOVQvc
— Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) December 30, 2025
El 29 de diciembre de 2025, la Policía informó que lo extraditó a Ecuador. En septiembre de 2026, la Fiscalía reportó una sentencia contra él y otras personas por lavado de activos.
Los Comandos de la Frontera son un grupo armado colombiano que, según la Fiscalía ecuatoriana, está integrado por disidentes de las FARC y opera en la zona fronteriza entre Colombia y Ecuador.
Las investigaciones en Ecuador los vinculan con delincuencia organizada, tráfico de drogas y armas, lavado de activos y actividades relacionadas con economías ilegales, principalmente en Sucumbíos y Orellana.
La Policía ha investigado estructuras vinculadas con el grupo que habrían trasladado droga desde laboratorios en Colombia hasta puntos de almacenamiento temporal en Ecuador.
Según una investigación anunciada en 2024, para esos traslados se habrían utilizado vehículos de carga con compartimentos ocultos y una red logística con operaciones en Orellana y Sucumbíos.
11 militares ecuatorianos murieron el 9 de mayo de 2025 durante una emboscada en Alto Punino, Orellana, mientras participaban en operaciones contra la minería ilegal.
Las Fuerzas Armadas atribuyeron el ataque a los Comandos de la Frontera. La Fiscalía abrió una investigación y las autoridades señalaron en octubre de 2026 que los detenidos en la operación Muralla tendrían relación con hechos violentos que incluyen ese ataque.
Roberto Álvarez, alias ‘El Gerente’, fue identificado por la Policía como presunto cabecilla de los Comandos de la Frontera y fue detenido el 26 de junio de 2025 en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos.
Fue extraditado a Ecuador en diciembre de 2025 y posteriormente recibió una sentencia por lavado de activos. La información oficial citada no establece que haya sido condenado por el asesinato de los 11 militares.
Una investigación por lavado de activos identificó movimientos financieros irregulares por aproximadamente 397,8 millones de dólares entre 2015 y 2025.
En septiembre de 2026, la Fiscalía informó que 15 personas y cinco empresas fueron sentenciadas en esa causa, en la que se investigaron depósitos, transferencias, giros, créditos y adquisición de bienes utilizados para introducir recursos de origen ilícito al sistema financiero.