La Policía cuestiona la falta de control de portadores de grillete
En el ECU-911 de Guayaquil se monitorea a quienes usan este dispositivo electrónico. Foto: Mario Faustos para EL COMERCIO
En el monitor aparecen tres puntos de colores: verde, amarillo y rojo. Cada uno corresponde a una persona portadora del dispositivo de vigilancia georreferencial o también llamado grillete electrónico.
Los colores, en cambio, proporcionan más información. Verde significa que el beneficiarioestá en casa, con la batería cargada. Amarillo, que el aparato está por descargarse. Y rojo señala que la persona salió del perímetro ordenado por un juez o se acabó la pila.
En ese momento, el personal del ECU-911 se contacta con la Policía y pide que se dirija hacia donde está el portador y verifique qué ocurrió. En el 95% de casos, los agentes descubren que se trató de un descuido. Pero en otras ocasiones encuentran que los portadores no solo han salido del área establecida sino que también han cometido delitos.
En Guayaquil, por ejemplo, hay 1 480 personas que usan la tobillera electrónica. De estas, 81 se han involucrado en robos, venta de drogas, lesiones, etc. En porcentaje, los infractores representan el 5,4%. Los datos corresponden hasta el 1 de agosto pasado (ver gráfico).
Los policías son justamente quienes remiten a estos sospechosos a las unidades de Flagrancia de Guayaquil. Allí, el fiscal Víctor González precisa que cuando se detecta este tipo de violaciones, 9 de cada 10 casos es por venta de estupefacientes o robos.
Para la Policía, hay una falta de control en estos aparatos. El gobernador del Guayas, José Francisco Cevallos, y la comandante zonal de Policía, Tanya Varela, emitieron una queja formal ante el Consejo de la Judicatura, en julio.
Eso lo hicieron después de que la Policía desarticulara en Guayaquil una banda dedicada al asalto, robo a domicilios y asesinato. Entre los implicados había un policía en servicio activo a quien le fue ordenado el uso del grillete y enfrentaba un juicio por delincuencia organizada.
Según el fiscal González, entre los delitos a los que no se les puede imputar el uso de un grillete está la delincuencia organizada.
La entidad encargada de dar seguimiento a los portadores del grillete es el Ministerio de Justicia. El uso de este dispositivo se aplica desde abril del 2017, para que los privados de la libertad que hayan cumplido el 60% de su pena puedan inscribirse en el programa, accedan al grillete y terminen de pagar su condena en libertad.
Para Gina Godoy, coordinadora de ese Ministerio en Guayas, los portadores deben firmar un compromiso para el buen uso del dispositivo. Godoy aclara que son los jueces quienes determinan cómo se debe aplicar el grillete: arresto domiciliario o circulación restringida a nivel cantonal o nacional. Agrega que esa entidad solo se encarga de colocarlo y dar la charla de inducción.
Más allá de eso, sostiene que los aparatos no influyen en el comportamiento de una persona y no pueden hacer que esta deje de cometer delitos.
De hecho, el 15 de agosto se dio un caso donde la persona sospechosa de vender droga al menudeo portaba un grillete. En la investigación, la Policía descubrió que el sospechoso, de 21 años, había sido sentenciado en el 2015 a tres años de prisión por robo. Por tratarse de un delito leve se había beneficiado con la libertad a cambio de usar la tobillera.
Sin embargo, los agentes descubrieron que en el expediente no se había registrado la fecha desde cuando el reincidente usaba el aparato.
Otro caso ocurrió en abril de este año. Un ciudadano ucraniano, de 37 años, fue detenido en Guayas por agresión contra su pareja, de 34 años. Según el informe policial, el extranjero tomó un arma y golpeó a la mujer en la frente. El implicado tenía también un dispositivo electrónico por porte de arma de fuego, en octubre del 2017.
El Ministerio de Justicia detalla que en el país hay 147 personas procesadas en delitos de inviolabilidad a la vida que portan el grillete. En este grupo entran acusados por femicidio, asesinato, sicariato, etc. “Nosotros no podemos actuar sobre las decisiones que tome la Judicatura”, expresa Godoy.
