Policía clausura bocaminas de minería ilegal en Azuay en Ponce Enríquez
Un operativo contra la minería ilegal en Azuay permitió inhabilitar tres bocaminas en Ponce Enríquez.
En una acción interinstitucional orientada a frenar los delitos ambientales, la Policía Nacional ejecutó una incursión táctica contra la minería ilegal en Azuay, focalizada en el cantón Camilo Ponce Enríquez.
Las operaciones conjuntas permitieron la clausura de tres accesos subterráneos de extracción y el decomiso de casi dos toneladas de recursos extraídos de forma clandestina.
Operativo contra la minería ilegal en Azuay
La intervención fue liderada por la Dirección Nacional de Investigación de Policía Judicial, en coordinación técnica con la Agencia de Regulación y Control Minero (ARCOM) y el apoyo de las Fuerzas Armadas.
Las unidades se trasladaron hasta el sector de Shumiral, donde agentes de la Unidad Nacional de Investigación de Delitos Contra el Ambiente y la Naturaleza (UNIDCAN) desplegaron controles con base en información previa de inteligencia para detectar actividades no autorizadas de aprovechamiento mineral.
Hallazgo de bocaminas e incautación de material mineralizado
Durante el registro de la zona intervenida, los uniformados localizaron tres bocaminas activas que eran utilizadas para la extracción ilícita de minerales, así como diversas herramientas empleadas para las faenas bajo tierra.
Como resultado de la inspección, las autoridades procedieron a la incautación de 1 980 kilogramos de material mineralizado.
Inhabilitación y sellos de prohibición de ARCOM
Tras asegurar el perímetro, el personal policial y los inspectores técnicos de ARCOM procedieron a la inhabilitación formal de las tres bocaminas mediante la colocación de sellos de prohibición de actividades mineras.
Esta medida administrativa y operativa busca impedir de manera definitiva la continuidad de las labores extractivas no regularizadas en el sector.
Combate a las economías ilícitas y recursos estratégicos
La institución policial destacó que estas acciones forman parte de su plan para contrarrestar los delitos que atentan contra la naturaleza y los recursos naturales.
Asimismo, el organismo de orden público ratificó que mantendrá operaciones focalizadas para debilitar las economías ilícitas vinculadas a la explotación no regulada, evitando que estos ingresos sirvan de financiamiento para estructuras criminales y protegiendo los recursos estratégicos del Estado ecuatoriano.
