17 de August de 2011 00:02

La Policía anuncia un proyecto de autodepuración

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La prueba del polígrafo es uno de los requisitos que deberán cumplir todos los miembros de la Policía dentro del nuevo Plan Anticorrupción. Esta medida fue anunciada ayer en una rueda de prensa, en el décimo piso de la Comandancia General (norte de Quito).

Según Wilson Alulema, jefe de Estado Mayor de la institución, el Plan contempla la “creación de un Centro de Control y Confianza, incrementando polígrafos y su aplicación en investigaciones de Asuntos Internos”. Para esto, la primera disposición es crear la Sección de Inteligencia de Asuntos Internos con personal capacitado.

Agregó que la nueva sección también “detectará mediante operaciones de Inteligencia a policías involucrados en actos de corrupción y posibles delitos para investigarlos y ponerlos a disposición de las autoridades”.

También contará con profesionales que se encargarán de verificar, hacer seguimiento y comprobar las declaraciones patrimoniales y, “declaración de Historia del personal policial para detectar posibles enriquecimientos ilícitos y datos falsos”.

Nelson Argüello, inspector general, dijo que la institución cuenta con ocho polígrafos. Pero, para la aplicación del Plan se tendrá que incrementar esa cantidad. “Esto implica una capacitación mínima de unos seis meses para quienes los manejen y el incremento de los aparatos”. A su juicio, la Policía Nacional requiere de unos 30 polígrafos.

Otro punto que contempla el Plan es la implantación de la Declaratoria de Historia de Personal (DHP). En esta, los agentes deberán presentar un listado de bienes, viajes al exterior y estudios realizados, parientes, deudas contraídas, detalles de las tarjetas de crédito. Estos requisitos deberán ser presentados antes de las pruebas de ascensos.

Para Alulema, con estas medidas se pretende “autodepurar” y la cúpula propuso una normativa de facultad discrecional para separar a uniformados que no cumplan con las normas éticas.

“Hemos dado de baja a cientos de gendarmes, pero estamos muy preocupados porque malos elementos han regresado la institución. Son cerca de 300 policías a los que se les ha dispuesto que se reincorporen luego de que salieron. Los jueces no entienden la gravedad de sus decisiones”, manifestó Alulema.

Ricardo Camacho, experto en seguridad, elogió el Plan y dijo que jamás hubo una iniciativa de esa índole en la institución, pero aclaró que el proyecto debe ser dirigido por la sociedad civil, a través de una Veeduría Ciudadana. “Es buena la idea, pero se necesita tiempo para ver que funcione de forma adecuada”.

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