Familias de periodistas asesinados piden que se aclare chats entre policías y disidentes para determinar si el Estado minimizó las amenazas

Familiares de los tres integrantes del equipo de prensa de El Comercio, Raúl Borja (i), Ricardo Rivas (c), Galo Ortega (d), asesinados en la zona fronteriza con Colombia, informan hoy, martes 22 de mayo de 2018, sobre los resultados de la reciente visita

Familiares de los tres integrantes del equipo de prensa de El Comercio, Raúl Borja (i), Ricardo Rivas (c), Galo Ortega (d), asesinados en la zona fronteriza con Colombia, informan hoy, martes 22 de mayo de 2018, sobre los resultados de la reciente visita

Familiares de los integrantes del equipo periodístico de diario El Comercio, que fueron secuestrados y asesinados en la frontera Colombia, hicieron referencia a varios elementos sobre el caso  este 22 de mayo del 2018. Foto: EFE

Los familiares del periodista Javier Ortega y del fotógrafo Paúl Rivas, secuestrados y asesinados en la frontera norte, piden que se esclarezcan los chats entre oficiales de la Policía y los integrantes del autodenominado frente Óliver Sinisterra.

Ricardo Rivas, hermano de Paúl, dijo la mañana de este martes, 22 de mayo del 2018, que le llama la atención que altos oficiales intercambiarán mensajes y llamadas con los disidentes. Por eso piden que se aclaren los hechos para saber si el Estado "minimizó o no hizo caso a las amenazas" que en esas comunicaciones se emitieron.

El equipo periodístico de diario EL COMERCIO integrado por el periodista Javier Ortega, el fotógrafo Paúl Rivas y el conductor Efraín Segarra fue secuestrado en Mataje, frontera con Colombia, el 26 de marzo cuando realizaba su trabajo.

Entre los chats a los que se refieren los familiares existen datos en los que se revelaría, que antes del secuestro de los tres colaboradores de este Diario, la Policía conocía de amenazas sobre secuestros y asesinatos a civiles, ataques armados, e incluso sembrío de minas en el cordón fronterizo.

Por eso, los familiares de los comunicadores quieren conocer si se tomaron medidas que pudieron evitar el secuestro y posterior asesinato o si el Estado no adoptó ninguna acción para resguardar la vida de los ciudadanos.

Según Rivas, el secuestro de su hermano y de los otros dos miembros del equipo periodístico no debe verse como un hecho aislado, sino como la consecuencia de una serie de hechos que se viven en la frontera norte desde enero, mes que los disidentes atacaron el cuartel de Policía en San Lorenzo con un coche bomba.

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