Imagen referencial. Tras el fallo de la Corte Constitucional, se definió un proceso para denunciar a los jueces de Ecuador. Foto: Pixabay
Tras la sentencia de la Corte Constitucional, el Consejo de la Judicatura (CJ) ya no podrá iniciar directamente acciones disciplinarias contra jueces, fiscales y defensores públicos por negligencia, dolo y error inexcusable.
Primero, un juez con rango superior al funcionario investigado debe establecer la existencia de esas tres infracciones gravísimas que están detalladas en el artículo 109 (numeral 7) del Código de la Función Judicial.
Por ejemplo, si la infracción la comete un juez de primer nivel, quien emita la resolución será un magistrado de las cortes provinciales. En cambio, si la denuncia recae sobre un juez de la Corte Nacional, será el Pleno del alto Tribunal quien conozca el caso.
Luego de que se emita el fallo judicial, la Judicatura puede destituir al funcionario.
¿Cómo pueden los usuarios denunciar una mala actuación de jueces, fiscales o defensores públicos?
Juan José Morillo, vocal de la Judicatura, indicó que los afectados ya no podrán denunciar directamente en la entidad. Sino que deben presentar la queja ante un juez superior cuando pidan un recurso de apelación o casación. Allí deben solicitar que la actuación del funcionario se declare como error inexcusable, negligencia o dolo.
María del Carmen Maldonado, presidenta de la Judicatura, advierte que eso puede provocar que procesos disciplinarios queden en la impunidad, pues el plazo para emitir una sanción es máximo de un año.
Luego de este tiempo, la causa prescribe. Eso está establecido en el artículo 106 del Código de la Función Judicial.
“El afectado debe esperar a que un juez superior califique la falta. Si tomamos en cuenta que hay juicios que duran años, cuando el magistrado haya resuelto la inconducta, la causa ya estará prescrita”, indicó también Morillo.
Además, él informó a este Diario que este 26 de agosto del 2020, la Judicatura envió a la Corte Constitucional el pedido de aclaración y ampliación de la sentencia.
La idea es conocer, por ejemplo, qué pasará con los 3 000 expedientes disciplinarios, que se tramitan actualmente. También se pidió establecer el plazo que tendrá el juez para emitir una resolución sobre la infracción.