Pago a exministro se fraguó en 2 países
oto: fiscalía ecuador A la izq. aparece el fiscal Galo Chiriboga, en la cita que mantuvo con otros fiscales de la región, en Brasil, en febrero.
Desde una oficina judicial en España, Rodrigo Tacla contestó las 19 preguntas enviadas por la Fiscalía de Ecuador, a través de la asistencia penal. Fue el 17 de febrero del 2017.
Esa tarde, el exabogado de Odebrecht respondió todo y entregó detalles de las operaciones ilícitas que la constructora brasileña aparentemente activó en Ecuador. Las respuestas constan en seis páginas, ahora en poder de las autoridades judiciales locales.
EL COMERCIO accedió el martes 25 de abril del 2017 a esos documentos. Allí, Tacla menciona, por ejemplo, las reuniones previas que hubo en Montevideo, Uruguay, entre el exministro de Energía, Alecksey Mosquera, y Andrés Sanguinetti, quien se desempeñaba como primer vicepresidente de la denominada Banca Privada de Andorra (BPA).
En el mundo empresarial, Sanguinetti era conocido como ‘Betingo’. Ese alias aparece unas cinco veces en la asistencia penal que envió España.
En Uruguay, Mosquera entregó documentos para activar la cuenta a donde llegó USD 1 millón, el 25 de febrero del 2011.
Pero antes de ese depósito, el exministro, ‘Betingo’, Tacla y Luiz Eduardo Rocha se encontraron en Barcelona, España. En esa ciudad ultimaron detalles del pago, según la delación del exabogado de Odebrecht.
Rocha es un exdirectivo clave dentro de la constructora brasileña. Allí él dirigió la División de Operaciones Estructuradas, la unidad que se encargó de ejecutar los sobornos a funcionarios de América Latina, de acuerdo con la investigación del Departamento de Justicia de los Estados Unidos.
Rocha fue detenido en marzo del 2016, tras una operación de la Policía de Brasil, como parte de las investigaciones del caso Lava Jato, el escándalo de corrupción que salpicó a políticos, empresarios y funcionarios de la petrolera Petrobras.
Él es parte de los 77 directivos que entregaron información a cambio de penas menores. En diciembre fue liberado y ahora espera su juicio.
Tras las dos reuniones hechas en Montevideo y Barcelona (no se especifican fechas), llegó la transferencia del USD 1 millón. El pago se hizo desde la ‘offshore’ panameña Klienfeld, de propiedad de Odebrecht, hacia la cuenta de Tokyo Traders, una firma creada por la BPA y que figura a nombre de Marcelo Endara, el empresario ecuatoriano que permanece bajo arresto domiciliario desde el sábado pasado.
De esa cuenta se movieron USD 920 000 hacia Percy Trading, cuyo beneficiario aparentemente es Mosquera.
Por ahora, la Fiscalía tiene claro que ese dinero fue utilizado para comprar maquinaria en Estados Unidos y China, pero lo que todavía no conoce son las fechas y montos destinados para adquirir cada uno de esos equipos industriales.
La maquinaria fue importada a Ecuador y luego vendida a una empresa que operó en Quito, desde el 23 de octubre del 2009 y de la que Mosquera aparece como su gerente general a partir del 2012, según el portal web de la Superintendencia de Compañías. En la página también se señala que la firma actualmente está en proceso de disolución.
Este Diario intentó hablar con Reinaldo Zambrano, abogado del exministro. Vía telefónica, el jurista dijo que no dará ninguna declaración, por “pedido expreso” de su cliente.
Investigaciones de la Fiscalía aseguran que Odebrecht consideraba a Mosquera como un PEP, siglas utilizadas para señalar a aquellos ‘personajes expuestos públicamente’; es decir, que trabajaban en los gobiernos de la región. Los agentes advierten que la compañía que operó en Quito era propiedad del exfuncionario.
Sin embargo, explican que Mosquera se cuidó y evitó estar relacionado directamente con esta firma, debido a su pasado en la función pública. Por eso, antes del 2012, cuando asumió la gerencia, solo figuró como consultor externo.
Además, en los informes aparecen los estatutos de la empresa que Mosquera envió para justificar la importación de la maquinaria. En un oficio, él asegura que “su padre posee el 33% de las acciones” .
En la delación de Tacla, también se menciona que el millón de dólares se pagó “por agilizar trámites relacionados con la hidroeléctrica Toachi Pilatón”.
Por eso, en la audiencia, la Fiscalía presentó como elementos de prueba los procesos precontractuales y contractuales del proyecto. La licitación la ganó Odebrecht y las primeras obras se iniciaron el 2008.
Pero el lunes, el presidente Rafael Correa dijo que el pago al exministro fue un acuerdo “entre privados”. Y negó que haya sido por Toachi-Pilatón.
