América Latina y el Caribe tienen la segunda tasa más alta de partos de niñas menores de 15 años en el mundo. Ecuador no se queda fuera de esta realidad y recibió una condena por parte del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas (ONU).
El organismo emitió tres decisiones en contra del país y, a la par, a Nicaragua por violar derechos de niñas sobrevivientes de violencia sexual y obligadas a enfrentar embarazos.
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ONU y la condena a Ecuador por violencia a niñas
El pasado 20 de enero, el Comité de Derechos Humanos decidió sobre tres casos, uno en Ecuador y dos en Nicaragua. Niñas de entre 12 y 13 años quedaron embarazadas tras sufrir violaciones.
De acuerdo con lo indicado desde el Comité, obligar a las niñas víctimas de violación a sufrir embarazos no deseados es negarles el derecho a decidir, a la vida digna y un acto que equivale a tortura.
La historia de la niña en Ecuador
La ONU, en su portal de noticias, detalló que la menor violentada en Ecuador tenía 13 años cuando quedó embarazada.
La gestación fue resultado del incesto perpetrado por el padre. Él, anteriormente, había violado a otras niñas de la familia y había sido denunciado.
La organización destacó que, en el país, el acceso al aborto terapéutico es casi imposible en la práctica, a pesar de su disponibilidad legal para proteger la vida y la salud de las mujeres embarazadas.
Según dijo la institución, la menor se vio obligada a llevar su embarazo a término y dar a luz. A su corta edad, tuvo que hacerse cargo del cuidado del pequeño.
A su vez, el Comité indicó que los países condenados incumplieron con el artículo 6 del Pacto Internacional, respecto del derecho a la vida.
El Movimiento Son Niñas, No Madres impulsó la demanda para que los casos sean reconocidos.
Las obligaciones de los países con las niñas
Del mismo modo, el Comité de Derechos Humanos solicitó a los Estados Parte que adopten medidas para reparar los daños causados por los embarazos forzados y las resultantes maternidades forzadas.
A las afectaciones se suma el impacto en los planes de vida de las menores. Por eso, a la par, los Estados deben garantizar el acceso a la educación y a la atención psicológica de los niños nacidos de violencia sexual.
El organismo también enfatizó en la necesidad de combatir la violencia sexual, proporcionar a las niñas educación de salud sexual y reproductiva.
Y algo crucial: garantizar que las niñas que experimentaron una violación tengan acceso efectivo a los servicios de aborto.
Según datos del Mapeo de Embarazo Adolescente (MEA), de 2019 a 2023, se registraron 4 937 niñas menores de 14 años embarazadas.
La urgencia de medidas en Ecuador
Daniela Rosero Contreras, vicepresidenta de la Fundación Legātum, destacó que la decisión del Comité evidencia fallos estructurales en el sistema de salud y justicia ecuatorianos.
En abril de 2021, recordó la activista, la Corte Constitucional del Ecuador declaró inconstitucional la penalización del aborto por violación en todos los casos.
La decisión se dio luego de un largo proceso de incidencia jurídica, política y social del movimiento de mujeres y feministas.
Rosero agregó que, un año después, en 2022, el Estado promulgó la ley de aborto por violación, sin cumplir con los parámetros mínimos establecidos en la sentencia para garantizar los derechos de las víctimas de violación.
“Esta ley terminó siendo una limitación para el acceso a servicios de salud para interrumpir un embarazo en esta causal”.
Además, remarcó, el caso de la adolescente pone en relieve las leyes nacionales restrictivas y los compromisos internacionales en derechos humanos. Sirve como un llamado de atención a los tomadores de decisiones para priorizar la salud, la dignidad y la igualdad de las mujeres en la formulación de políticas públicas.
Las cifras requieren respuestas
Ana Gómez, activista y parte de Mega Mujeres, apuntó que las cifras de niñas forzadas a la maternidad en Latinoamérica son las más altas de la región y por eso es que estas condenas son tan importantes.
La reparación a las víctimas viene con medidas de compensación para ellas y sus hijos, pero, además, con garantías de no repetición para todas las niñas.
La directiva de Mega Mujeres destacó que el Estado no solo le falló en la protección, le falló también en la obtención de justicia, pues, su agresor falleció antes de que su juicio termine. Además, “le volvió a fallar en la atención revictimizante en el acceso a los servicios de salud”.
Para ella es vital velar por los derechos de las niñas y el cumplimiento de la condena en contra de Ecuador.
La respuesta de Ecuador
La decisión de la ONU es un llamado directo al gobierno ecuatoriano para que implemente de manera urgente las medidas necesarias para evitar que más niñas enfrenten embarazos forzados.
Se requiere una hoja de ruta clara, en coordinación con las organizaciones de la sociedad civil, que garantice la aplicación de las medidas.
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