Ayer, 16 de noviembre del 2020, se realizó el sorteo del personal que realizará la prueba psicológica a postulantes. Foto: cortesía Judicatura
Los cuestionamientos a la selección de jueces de la Corte Nacional comenzaron 12 días después de que arrancara el proceso. Los aspirantes denunciaron supuestas fallas técnicas en la plataforma del Consejo de la Judicatura (CJ) durante la postulación. Los veedores ciudadanos dijeron que muchos candidatos no pudieron subir los documentos para la presentación digital en medio de la pandemia por el covid-19.
Cuatro meses después hay más observaciones. Hasta ayer, 16 de noviembre del 2020, sumaban ocho. La mayoría tiene que ver con el sistema informático del CJ.
Hace 11 días, todos los concursantes recibieron un correo con la calificación a sus méritos (formación académica y experiencia profesional).
A los correos les llegó una puntuación de 87,3 sobre 25. Pero 24 horas después, la Judicatura informó que hubo un error y que las notas no son reales.
Tras estos hechos, la Dirección de Tecnología de la Judicatura remitió un informe en el que se estableció que el envío de esos correos “fue un error humano”. Ahora está en marcha una investigación interna para determinar si el remitente tuvo o no “la intención de causar daño al proceso”.
Esta información fue confirmada por el vocal del CJ, Juan José Morillo. El caso también está en poder de la Fiscalía.
Además, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) solicitó que el Consejo de la Judicatura remita ‘inmediatamente’ un informe con los argumentos y justificativos sobre lo denunciado.
Pidió que se incluyan “datos pormenorizados de la anomalía del sistema que provocó que todos los concursantes sean notificados con un mismo correo y la misma nota”.
El sistema informático será sometido a una auditoría a cargo de la Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL).
No hay fecha definida para que comience el trabajo, pero los técnicos trabajarán en el sistema informático de concursos y en la infraestructura de climatización del Centro de Datos principal, en Quito.
Diego García, relator especial de la ONU para la independencia de magistrados, hizo un llamado a “conducir con trasparencia e imparcialidad” la selección de magistrados.
Añadió que “una actuación diferente sería incompatible con los estándares internacionales” en el área judicial.
Dos abogados también presentaron una acción de protección para suspender todo.
Uno de ellos aseguró que en julio pasado el sistema lo bloqueó cuando iba a realizar su postulación. Luego, la Judicatura le informó que la postulación digital, requisito indispensable, nunca se concretó.
Morillo dijo que el recurso fue negado. La jueza que conoció esta causa aseguró que los demandantes “no probaron la vulneración de derechos”.
Para el CJ, suspender el concurso o declararlo desierto constituiría un atentado a los derechos de la mayoría de postulantes. Actualmente, 96 aspirantes a jueces permanecen activos. La semana pasada, cuatro de ellos dejaron el proceso, luego de conocer problemas en la calificación dentro de la fase de méritos.
Una de ellas fue la postulante Ivonne Núñez. Ella denunció que no se tomó en cuenta su experiencia laboral y tampoco su trayectoria como docente universitaria.
Para Morillo, la salida de ese grupo fue “anticipada y sin fundamentos”.
Aseguró que ellos tomaron esa decisión al ver que obtuvieron una calificación baja en méritos y que no les alcanzaría para ganar un cupo. “Los concursantes insatisfechos con sus notas debían solicitar una recalificación. Eso está previsto en el reglamento establecido”.
En contexto
El concurso busca cubrir 16 vacantes de las salas de lo Administrativo, Laboral, Civil, Penal y Tributario de la Corte. La idea es renovar un tercio de los magistrados y escoger a los reemplazos definitivos de los jueces que fueron removidos tras una evaluación.
