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Juez declaró nula una parte de la investigación por concusión en contra de la exasambleísta Nivea Vélez

La audiencia preparatoria de juicio contra Nivea Vélez se instaló este 26 de enero del 2021. Foto: Tomada de la cuenta Twitter Corte Nacional

La audiencia preparatoria de juicio contra Nivea Vélez se instaló este 26 de enero del 2021. Foto: Tomada de la cuenta Twitter Corte Nacional

La audiencia preparatoria de juicio contra Nivea Vélez se instaló este 26 de enero del 2021. Foto: Tomada de la cuenta Twitter Corte Nacional

El juez Wilman Terán declaró nula una parte de la fase de la investigación pública que Fiscalía abrió en contra de la exasambleísta Nivea Vélez y una de sus colaboradoras. Ambas están procesadas por el presunto delito de concusión.

El magistrado tomó esa decisión durante la audiencia preparatoria de juicio que se instaló este 26 de enero del 2021, en la Corte Nacional de Justicia, en el norte de Quito.

Según Terán, en la fase de instrucción fiscal se tomaron versiones que estaban sin firma de responsabilidad y Fiscalía tampoco realizó un registro digital de las versiones.

En la diligencia, Gina Gómez, abogada de la exlegisladora, indicó al juez que Fiscalía cometió errores durante la indagación y que eso “limitó el derecho a la defensa”.

En cambio, el fiscal subrogante, Wilson Toainga, aseguró que por la pandemia las versiones de dos testigos del caso se tomaron vía telemática y por eso no hay firmas. “Como evidencia de que se hizo la diligencia tenemos el soporte digital de las versiones”.

En este caso, se investiga un delito que habría ocurrido entre 2009 y 2013, cuando Vélez se desempeñaba como legisladora de Loja.

La exlegisladora fue denunciada por Vicente Ogoño, quien fue contratado como asesor de despacho, en el 2012.

El exfuncionario aseguró que la entonces parlamentaria le exigió el pago de USD 28 000. Este monto correspondía a un porcentaje del sueldo que Ogoño ganó como asesor durante 16 meses.

Las pesquisas también demostraron que otra excolaboradora le habría entregado USD 4 000 en una cuenta bancaria que tenían en conjunto las dos procesadas. Este dinero habría sido destinado para sustentar los gastos de campaña del “Movimiento Convocatoria” de Loja.