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La muerte de los hermanos Flor Aracely y Leodan Bolívar Andi Alvarado, de 11 y 8 años, cuyos cuerpos aparecieron el 12 de noviembre de 2026 en Tena, provincia de Napo, plantea un tema sobre el funcionamiento del sistema penitenciario: los controles y el acompañamiento que contempla la legislación para quienes recuperan la libertad.
El caso tiene un antecedente distinto en la historia criminal del país. Gilberto Chamba, conocido como el “Monstruo de Machala”, cumplió prisión en Ecuador por crímenes contra ocho mujeres, entre ellas dos menores de edad. Después de su salida, cometió nuevos delitos en España.
Para explicar el seguimiento a las personas que salen de prisión, la legislación distingue dos momentos: el cumplimiento de una parte de la condena fuera de la cárcel y la etapa posterior a su terminación. Cada uno tiene finalidades y obligaciones diferentes.
El Código Orgánico Integral Penal (COIP) contempla los regímenes cerrado, semiabierto y abierto. Los dos últimos permiten desarrollar actividades fuera de prisión, bajo condiciones y supervisión, mientras continúa la ejecución de la pena.
El régimen semiabierto exige al menos el 60% de la condena; el abierto, el 80%. Cumplir esos porcentajes no basta para obtenerlos: también intervienen los requisitos legales, las evaluaciones y la decisión judicial.
Los artículos 698 y 699 contemplan vigilancia electrónica y consecuencias ante incumplimientos injustificados. En el régimen abierto, el beneficiario debe presentarse periódicamente ante el juez. Cuando termina la sentencia, el artículo 699 dispone el retiro inmediato del dispositivo electrónico.
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— El Comercio (@elcomerciocom) November 13, 2026
La normativa reglamentaria publicada el 28 de abril de 2026 asigna al SNAI, a través de sus equipos técnicos, el acompañamiento, control, monitoreo y evaluación del plan de salida en los regímenes semiabierto y abierto.
Para acceder al semiabierto exige, entre otros documentos, una evaluación del plan individualizado, respaldo del lugar de residencia e informes jurídico y psicológico. Este último debe evaluar las condiciones para la reinserción social.
En el régimen abierto, el artículo 252 establece presentaciones obligatorias en el centro de privación de libertad más cercano al domicilio: al menos dos veces al mes, durante un mínimo de dos horas por ocasión. El área de trabajo social también debe verificar la actividad productiva o de beneficio social que exige el acceso a este régimen.
El COIP excluye del acceso a los regímenes semiabierto y abierto a las personas condenadas por varios delitos. Entre ellos constan asesinato, femicidio, sicariato y delitos contra la integridad sexual y reproductiva.
Una reforma publicada el 29 de abril de 2026 añadió otra restricción: las personas cuyo perfil de riesgo tenga calificación de alto no pueden acceder a ninguno de esos dos regímenes.
Estas reglas actuales no permiten explicar automáticamente una liberación de hace décadas. Para revisar un caso anterior se necesita identificar la normativa aplicable y la resolución que autorizó la salida.
El artículo 700 del COIP establece asistencia social y psicológica durante y después del cumplimiento de la condena. También contempla acciones estatales para favorecer oportunidades de trabajo a quienes recuperan la libertad.
La Constitución, en su artículo 203, encarga al Estado establecer condiciones reales de inserción social y económica después de la privación de libertad. Además, asigna a los jueces de garantías penitenciarias la responsabilidad de asegurar los derechos durante el cumplimiento de las penas y decidir sus modificaciones.
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La resolución SNAI-SNAI-2022-0068-R describe una fase de “apoyo a liberados”. Su artículo 35 la define como seguimiento y acompañamiento social, laboral y familiar de quienes cumplieron penas de prisión. El esquema del artículo 36 ubica el seguimiento pospenitenciario después del cumplimiento de la pena.
Ese acompañamiento tiene una finalidad de reinserción. Su existencia en la normativa no demuestra que cada persona liberada reciba atención ni equivale a una orden general de vigilancia policial permanente.
La justicia ecuatoriana impuso a Gilberto Chamba una condena de 16 años. Una reducción de pena permitió su salida en 2000 y posteriormente viajó a España. Así lo recoge la cobertura de la sentencia que dictó la Audiencia de Lleida en 2006.
Entre sus ocho víctimas en Ecuador hubo dos menores de edad. Una crónica de diciembre de 2004 identifica sus edades como 14 y 16 años.
El 6 de noviembre de 2006, el tribunal español le impuso penas que sumaron 45 años: 32 por el asesinato y la agresión sexual contra María Isabel Bascuñana, de 21 años, en noviembre de 2004; y otros 13 por tentativa de asesinato y tentativa de agresión sexual contra otra mujer en 2003.
Las dos adolescentes fueron víctimas antes de su encarcelamiento en Ecuador. Los nuevos delitos que sustentaron la condena española ocurrieron después de su liberación.
Este 13 de noviembre, la Fiscalía procesó a Jerson D. por presunta desaparición involuntaria con resultado de muerte de los dos hermanos. El juez ordenó prisión preventiva y fijó 90 días de instrucción fiscal.
Hasta ahora, las autoridades no han informado si Jerson D. cumplió una condena anterior o si debía acudir a controles tras salir de prisión. Ese antecedente debe aclararse antes de vincular el crimen de los niños en Napo con una posible falta de seguimiento a personas excarceladas.
La normativa sí contempla controles mientras continúa la pena y apoyo después de cumplirla. Para determinar su aplicación en una persona concreta se requieren el expediente judicial, la documentación penitenciaria y los registros de seguimiento correspondientes.
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