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El uso desproporcionado de armamento estatal durante tareas de control nocturno llega a fase de juzgamiento formal en los tribunales penales. Luego de que una jueza de Garantías Penales acogiera en su totalidad la acusación de la Fiscalía, siete militares van a juicio por extralimitación en la ejecución de un acto de servicio con resultado de muerte, tras una persecución vehicular registrada en la costa manabita.
La resolución judicial que determinó que los siete militares van a juicio por extralimitación recayó sobre Ismael T. R., William H. Z., Rommel R. J., Dennys V. V., Eduardo M. E., Guiller Z. S. y Byron V. R.
La magistrada a cargo del proceso ratificó las medidas cautelares alternativas a la prisión preventiva dispuestas desde la audiencia de flagrancia: prohibición de salir del territorio nacional y presentaciones semanales obligatorias ante la autoridad judicial competente.
Los hechos ocurrieron alrededor de las 03:30 de la madrugada del 18 de mayo de 2026 en la carretera hacia Crucita, a la altura del sector La Boca, mientras el contingente militar realizaba tareas de inteligencia y vigilancia.
Al divisar un automóvil que se aproximaba, los uniformados le ordenaron detenerse para una revisión de rutina; no obstante, el automotor frenó y sus ocupantes intentaron esquivar el puesto de control en medio del toque de queda provincial.
Ante esa maniobra evasiva, el personal abrió fuego contra el vehículo, alcanzando a las personas metros más adelante y provocando el deceso inmediato de uno de los viajeros, quienes manifestaron que se dirigían a celebrar el cumpleaños de uno de los acompañantes.
Tras el ataque armado, el personal militar se retiró del lugar de los hechos. Los sobrevivientes alertaron a sus allegados y el suceso fue reportado a través de la línea de emergencia ECU 9-1-1, coordinando la llegada de agentes de la Policía Nacional.
Equipos de Criminalística y de la Dirección Nacional de Investigación de Delitos contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Secuestros y Extorsión (Dinased) levantaron casquillos balísticos en la calzada, ejecutaron el levantamiento del cuerpo y receptaron declaraciones de los presentes.
Horas después, los siete soldados fueron identificados, aprehendidos y trasladados a la Unidad Judicial de Manta para formularles cargos.
La causa penal es llevada por la Fiscal de la Unidad Especializada de Investigación del Uso Ilegítimo de la Fuerza, quien incorporó al proceso pericias balísticas a las armas militares, la autopsia médico-legal, el análisis de mensajes en dispositivos celulares, la reconstrucción de los hechos y la verificación de grabaciones de seguridad de viviendas cercanas.
El juicio se sustentará bajo el artículo 293, inciso segundo, del Código Orgánico Integral Penal (COIP), disposición que sanciona la extralimitación en la ejecución de un acto de servicio con resultado letal con una pena privativa de libertad de siete a 10 años.
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