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Dos policías, César Vladimir P. C. y Marvin Junior V. C., enfrentan un proceso judicial por el supuesto delito de extralimitación en un acto de servicio contra un ciudadano extranjero.
Los hechos ocurrieron en septiembre de 2023, en el sector del Mercado Mayorista, en el sur de Quito. Según la denuncia, los policías detuvieron a Mariano G., un ciudadano extranjero, y lo trasladaron a la Unidad de Policía Comunitaria (UPC) del Parque Ecológico del sector.
Allí, presuntamente, lo golpearon durante el procedimiento, causándole lesiones graves. Un examen médico-legal confirmó que las heridas le provocaron una incapacidad de entre 30 y 90 días, lo que motivó la denuncia del afectado.
Durante la audiencia, el fiscal presentó pruebas que respaldan la acusación. Entre los elementos está un informe pericial que reconstruye los hechos, mensajes de voz entregados por la víctima, el examen médico-legal que detalla las lesiones, y los testimonios de Mariano G. y su esposa.
Además, se incluyó un certificado médico del Centro de Salud de Guamaní, que ratifica la gravedad de las heridas sufridas por el denunciante.
El juez acogió el pedido de la Fiscalía y dictó prohibición de salida del país y presentaciones quincenales para los agentes.
Según detalló la Fiscalía General del Estado, este viernes 6 de junio de 2025, un juez de la Unidad Judicial Penal de Quitumbe ordenó que los uniformados no puedan salir del país y que se presenten cada 15 días ante las autoridades mientras se desarrolla la investigación.
La investigación, conocida como instrucción fiscal, tendrá una duración de 90 días, tiempo en el que se recopilarán más pruebas para determinar la responsabilidad de los acusados.
El delito de extralimitación en un acto de servicio está contemplado en el artículo 293 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).
Este artículo sanciona a los servidores de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional o seguridad penitenciaria que se extralimiten en sus funciones sin hacer uso progresivo de la fuerza y que produzcan lesiones a una persona.
Si el maltrato termina en la muerte de una persona, los atacantes serán sancionados con pena privativa de libertad de 10 a 13 años.