Cuatro niños desaparecieron en Guayaquil luego de que 16 militares los detuvieran por presuntamente haber robado a una mujer. Los militares se encuentran bajo custodia para impedir que puedan huir mientras se investiga el caso.
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Uno de los militares pide que se trate el caso en Quito
Según un reporte de Ecuavisa, uno de los vinculados al caso de la desaparición de los niños de Las Malvinas presentó un escrito al juez penal para que se inhiba de conocer la causa.
El militar señala que la desaparición forzada es un delito contra la humanidad y que es competencia de la Unidad Especializada Anticorrupción que tiene sede en Quito.
El abogado del militar alega que el juez que lleva la causa en Guayaquil no es competente y por ello no le corresponde dirigir la formulación de cargos a los implicados.
El juez que lleva el caso, Dennis Ugalde, rechazó este pedido e indicó que la dependencia de Quito lleva casos de delincuencia organizada por lo que no aplicaría.
Sin embargo, el militar ingresó otro escrito en el que pide aclaración ante la negativa. En la audiencia de formulación de cargos, el juez podría dictar prisión preventiva para los involucrados en la desaparición forzada.
La audiencia de formulación de cargos contra los 16 militares involucrados se llevará a acabo el 31 de diciembre a las 10:00 a puerta cerrada.
Contexto del caso sobre la desaparición de los cuatro niños
La desaparición de los menores ocurrió tras un operativo militar en el barrio Las Malvinas, en el sur de Guayaquil. Las familias denunciaron que los jóvenes fueron detenidos sin seguir los protocolos establecidos y sin notificar a la Policía Nacional.
Desde el último contacto con los menores, sus familias recibieron llamadas inquietantes que sugieren que recibieron maltratos y amenazas.
En medio de este contexto, el 24 de diciembre de 2024 se encontraron cuatro cuerpos carbonizados en una zona cercana a Taura. Este hecho llevó a las autoridades a investigar si corresponden a los menores desaparecidos.
Los peritos del Centro Forense de Guayaquil convocaron a los padres de los menores desaparecidos, para cotejar huellas dactilares y datos antropológicos.
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