Niños en Ecuador viven al filo de las redes del crimen organizado. Sicariatos, venta de sustancias sujetas a fiscalización, robos y otros delitos son los encargos que reciben una vez que han sido reclutados.
Dificultades para acceder a servicios, pobreza, deserción escolar, vínculos familiares quebrantados y violencia son situaciones que se constituyen como el preámbulo para muchos de ellos.
Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INEC), la primera causa de muerte de personas, entre los 5 y 17 años, es el homicidio, seguida por siniestros de tránsito y suicidio (todas muertes violentas). ¿Y la respuesta es incrementar las penas?
Ese proyecto se encuentra en la Asamblea Nacional. Esto mientras Unicef deja claro su oposición a ese objetivo. De aprobarse, la variación se aplicará a menores de edad o niños en casos de delitos contra la vida: sicariato, asesinato y homicidio.
Los homicidios son la principal causa de muerte de los adolescentes hombres entre 12 y 17 años.
La meta: reducir la edad de imputabilidad (que no tiene responsabilidad penal) de los menores, de 14 a 12 años.
En 2017, el Comité de los Derechos del Niño señaló al Estado ecuatoriano por el incremento del máximo de la medida de privación de libertad o penas para adolescentes, de 4 a 8 años. Ya en ese momento, indicó que evite el aumento de la duración de estas medidas.
Unicef Ecuador apunta a la Constitución de la República: la privación de libertad para adolescentes debe ser el último recurso y por el menor tiempo posible.
Katherine Herrera, experta en seguridad y quien realizó Doble criminalización en cantones de alta peligrosidad en Ecuador: un análisis in situ, enfatiza que juzgar a los niños como adultos es criminalizarlos, sin entender el contexto que viven.
Unicef, a su vez, remarca que los niños y adolescentes reclutados son, generalmente, el último eslabón y las primeras víctimas en las organizaciones de crimen organizado, catalogadas como terroristas.
Entonces, ¿juzgar antes de abordar el fondo de la problemática es la salida? La pregunta toma mayor fuerza si se considera que a los menores los rodea la sombra de la trata de personas que, a decir de Herrera, también ha quedado fuera del debate para dar paso a un “populismo de persecución del delito”.