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Una embarcación interceptora y herramientas de análisis de datos se incorporaron a las operaciones de seguridad en el país tras la visita del subsecretario de Estado para Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL), F. Cartwright Weiland, realizada entre el 2 y el 7 de noviembre de 2026. El despliegue busca desarticular a las organizaciones criminales transnacionales y bloquear el dinero del narcoterrorismo, concretando la asistencia de 55 millones de dólares anunciada en septiembre por el secretario de Estado, Marco Rubio. Dicho fondo destina 45 millones de dólares al desmantelamiento de grupos narcoterroristas y 10 millones de dólares al combate contra la minería ilegal de oro, el reclutamiento de pandillas, las finanzas ilícitas y el narcotráfico marítimo.
En Quito, Weiland y funcionarios ecuatorianos firmaron un convenio que otorga a la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) acceso a tecnología avanzada de análisis de datos de la firma estadounidense Palantir.
Mediante este sistema, la entidad nacional podrá identificar redes financieras ilícitas, respaldar procesos judiciales por lavado de activos y cortar el dinero del narcoterrorismo que financia la violencia y la corrupción.
Como parte del apoyo operativo en el mar, el subsecretario transfirió en Galápagos una lancha interceptora de 38 pies a la Armada del Ecuador. Esta unidad es la más reciente de un lote de 14 embarcaciones interceptoras que INL entrega a la Armada y a la Policía Nacional para interceptar a narcotraficantes, frenar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, y detener cargamentos de droga antes de que lleguen a Estados Unidos.
Para fortalecer la prevención e investigación policial frente a secuestros y extorsiones, Weiland y el ministro del Interior, John Reimberg, renovaron un acuerdo suscrito en 2024. Desde la firma de ese convenio inicial, la unidad antisecuestros y antiextorsión de la Policía Nacional ha trabajado en coordinación con la Embajada y el Consulado estadounidense, logrando el rescate de ocho ciudadanos de ese país, en línea con las prioridades de protección establecidas por el presidente Donald Trump.
Durante la agenda oficial en la capital, el subsecretario estadounidense y el Ministerio del Interior suscribieron además una declaración de intención enfocada en combatir el tráfico ilícito de oro. Las autoridades señalaron que esta actividad representa una de las mayores fuentes de ingresos que alimentan el dinero del narcoterrorismo y las estructuras criminales en la región.
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