Seis personas atacadas por abejas en Cuenca
Fiscalización abre expediente sobre desvanecimiento …
Nueva York celebró con fuegos artificiales el fin de…
‘Se burlaron de las familias’, dice Galo…
Estados Unidos y Rusia acuerdan el regreso de sus em…
Padre mató al yerno que maltrataba a su hija: ‘…
En Quito se destruyó 1,5 toneladas de cocaína incaut…
Putin valora positivamente diálogo con Biden: no hub…

Familia seguirá con la búsqueda de Juliana Campoverde

Elizabeth Rodríguez, madre de Juliana, muestra una fotografía de la joven, desaparecida el 7 de julio del 2012. Foto: Diego Pallero / EL COMERCIO

Elizabeth Rodríguez, madre de Juliana, muestra una fotografía de la joven, desaparecida el 7 de julio del 2012. Foto: Diego Pallero / EL COMERCIO

Elizabeth Rodríguez, madre de Juliana, muestra una fotografía de la joven, desaparecida el 7 de julio del 2012. Foto: Diego Pallero / EL COMERCIO

La diligencia terminó en incidentes. Luego de que el Tribunal de Garantías Penales de Pichincha condenara a 25 años de cárcel al pastor Jonathan C., los allegados de Juliana Campoverde intentaron agredir al religioso y a sus familiares, que también se encontraban en la cita judicial.

El pastor fue procesado por secuestro extorsivo con muerte de la joven, cuyo rastro se perdió el 7 julio del 2012.

Desde entonces, se abrió un expediente por el que pasaron 11 fiscales sin que hubiese mayores avances en la indagación.

El 47% de las diligencias lo ejecutó Mayra Soria, la última agente fiscal, que tomó a cargo este caso a finales del 2017.

Finalmente se dictó la condena. Hubo lloros y gritos. La Policía tuvo que intervenir para que los incidentes no prosperaran. “La reacción se produjo por la ira, la indignación y por la impotencia que sentían todos; durante siete años él (Jonathan C.) negó los hechos y la justicia descubrió que él era el culpable”, dijo el padre de Juliana, Absalón Campoverde.

La audiencia de juicio comenzó el 2 de julio y ayer, 17 de julio del 2019, se receptaron los dos últimos testimonios que presentó la parte acusada. Sus abogados, además, entregaron a los jueces un certificado de buena conducta en la cárcel. Dijeron que era una “prueba relevante”.

Al finalizar la tarde, la jueza Sara Costales ordenó también que el pastor pagase una reparación de USD 100 000.

Además, pidió que se oficiara al Registro Nacional de Cultos y a la Vicepresidencia de la República, para que se cierre la iglesia Oasis de Esperanza.

A la Fiscalía y a la Policía Nacional, en cambio, pidió que los casos de mujeres desaparecidas sean atendidos desde un enfoque de género.

En cambio, la solicitud de la familia Campoverde, sobre la continuación de la búsqueda del cuerpo de Juliana, no fue admitida en el Tribunal.

La madre de la chica, Elizabeth Rodríguez, se declaró indignada, porque la condena llegó tras un largo proceso judicial. “Desde el inicio les dije que hay un sospechoso, pero no hicieron caso a mis peticiones. Recién se logra una sentencia; si los fiscales y los agentes investigadores hubiesen actuado diligentemente, Juliana estaría conmigo, pero sigue desaparecida”.

El padre también habló: “Ningún tiempo justificará su ausencia. Ella no está; a nosotros nos marcaron la vida para siempre. Todos seríamos felices con la presencia de Juliana, independientemente de que le den una semana o un mes de prisión al pastor. Lo que buscábamos no era la sentencia judicial, sino a mi hija”.

Anunció que seguirán con la búsqueda. “Nuestra lucha será inclaudicable. Ahí estaremos de pie y seguiremos hasta que nos diga de una vez por todas dónde la tiene. Seguramente hay algún temor de no decirnos, porque tendrá que involucrar a más personas”.

Durante la audiencia de juicio, los testigos contaron que el religioso “ejerció manipulación y coerción sobre las decisiones de la vida de la joven”.

La Fiscalía sabe que “le exigía a la chica que le consultara o solicitara permiso para salir al cine, para irse de vacaciones con su padre, para salir con algún amigo y hasta tener relaciones de amistad o de pareja”.

Si no lo hacía era castigada y separada del coro de jóvenes de la iglesia, que manejaba el sentenciado.

“El canto era una de las cosas más importantes para ella”, dijo uno de los testigos.

Ellos también revelaron que un “quiebre importante” en las relaciones entre la familia de Juliana y el grupo que dirigía el centro religioso fue que la joven “recibió presiones para que no estudiara en el exterior y contrajera matrimonio con el hermano del pastor condenado”.