La audiencia se ha suspendido por siete ocasiones. Foto: Archivo / EL COMERCIO
Este lunes 1 de octubre de 2018 se instaló por octava ocasión la audiencia de juzgamiento contra dos maestros de un plantel público del norte de Guayaquil, acusados del delito de violación a menores. Cuatro son los niños afectados, de entre 7 y 8 años de edad.
Esta audiencia se programó de manera extraordinaria para el sábado anterior, 29 de septiembre. Sin embargo se suspendió debido a que el abogado de uno de los profesores reportó que tenía un problema de salud.
César Peña, fiscal especializado de Personas y Garantías, tenía previsto presentar varios testigos (en total son más de 100). En sus testimonios los niños relataron que habrían sido obligados por los maestros de secundaria a mantener actos sexuales en los baños del establecimiento.
Brian M. Z. fue detenido en el plantel el 7 de octubre de 2017, luego de la denuncia presentada por los padres. Ese mismo día se dictó boleta de captura contra Xavier M. B., quien estuvo prófugo y fue incluido en la lista de los Más buscados. Su captura fue en enero pasado.
El abogado Stives Reyes, defensor de los padres de los niños, aseguró que hay premura debido a la posible caducidad de la prisión preventiva. El sábado reiteró que pedirán al tribunal que congele los plazos para evitar que los implicados recobren la libertad.
El artículo 171 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) sanciona el delito de violación con hasta 22 años de pena privativa de libertad, si la víctima es menor de 14 años. En mayo pasado la Fiscalía pidió la pena máxima de 40 años de prisión contra estos docentes, debido a agravantes.
Dos meses después el tribunal convocó a la audiencia de juzgamiento. Las primeras diligencias se suspendieron por pedido de los abogados de los maestros; el pasado sábado nuevamente se aplazó por pedido de los defensores.
Los aplazamientos también se han repetido en el caso de tortura contra otros dos educadores del mismo plantel. Eduardo B. S. y Máximo M. M. fueron detenidos en el establecimiento educativo el 13 de octubre de 2017.
El pasado jueves (27 de septiembre) se reinstaló el juicio por el delito de tortura por sexta ocasión. En mayo la Fiscalía también pidió 40 años de pena privativa de libertad contra ellos.
Según el artículo 151 del COIP, el delito de tortura se sanciona con hasta 13 años de prisión. Sin embargo, también debido a agravantes, la Fiscalía pidió la pena máxima.
Los pequeños relataron que estos docentes los llevaban a los baños, los ataban, golpeaban, incluso indicaron que los habrían fotografiado.
El abogado Reyes explicó que esta audiencia aún no termina y se retomará el miércoles a las 09:00. “Uno de los acusados ya presentó sus pruebas de descargo y esperamos que el otro lo haga para entrar a los alegatos y tener una resolución en esta semana”.