Jueza niega un pedido de Gustavo Jalkh y cuatro exvocales de la Judicatura; ellos aducen que sus derechos fueron violados al ser cesados
La presidenta del Consejo de Participación Ciudadana, Sofía Almedida, asistió a la audiencia de acción de protección que solicitó Gustavo Jalkh y otros consejeros del Consejo de la Judicatura. Foto: Galo Paguay/ EL COMERCIO
En el Complejo Judicial Norte, en Quito, se realizó una audiencia para resolver un pedido de acción de protección que el expresidente del Consejo de la Judicatura (CJ) Gustavo Jalkh y cuatro exvocales de esa entidad presentaron en contra del Consejo de Participación Ciudadana (Cpccs).
La diligencia se instaló a las 09:00 de este lunes 22 de febrero del 2021.
Tras dos horas después de iniciada, la jueza Cecilia Simbaña rechazó este recurso legal, pues lo catalogó de “improcedente”. La defensa de los cinco exfuncionarios del CJ indicaron que apelarán el fallo.
Jalkh y los exvocales aseguran que el 4 de junio del 2018, el Cpccs-transitorio “violó sus derechos constitucionales” al cesarlos en funciones.
Esto ocurrió luego de que el Consejo de Participación hiciera una evaluación a los entonces integrantes de la Judicatura.
Además, dicen que en esa destitución se “violó el debido proceso y su derecho a la defensa”.
La demanda presentada consta en 26 páginas. En ese documento Jalkh y los exvocales solicitaron a la jueza que disponga la reparación integral, establecida en el artículo 18 de la Ley Orgánica dé Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional.
Esta normativa detalla que cuando un juez declara una vulneración de derechos “se ordenará la reparación integral por daño material e inmaterial”.
Este artículo señala también que hay 10 formas de reparar una afectación de derechos. Entre ellos: “el restablecimiento a la situación anterior a la violación” y una “compensación económica”.
A la salida de la audiencia Hernán Ulloa, consejero del Cpccs, confirmó que la jueza no dio paso a ese pedido. Él aseguró que, con ese recurso constitucional, Jalkh y los otros exfuncionarios buscaban ser restituidos en sus cargos en la Judicatura.
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