Tras las denuncias, la Fiscalía se encarga de recopilar las evidencias en expedientes. Foto: Archivo / EL COMERCIO
Matemáticamente es imposible resolver todas las denuncias que llegan a su despacho. “Se necesita trabajar todo un año sin descanso o tener el doble del personal”, dice una fiscal. En su oficina, ubicada en la Unidad de Patrimonio Ciudadano, en Quito, hay 3 159 casos en indagación, en los que no se han hallado evidencias ni sospechosos. Son denuncias por robos de celulares, extorsión y sustracción de dinero de cuentas bancarias.
El pasado jueves, Johanna, de 35 años, llegó a esa Unidad. En una carpeta llevaba la copia de su cédula y un escrito con el que pedía que realizaran un análisis de la computadora de su exnovio. Cree que él vació su cuenta bancaria. “En mayo del 2018 me robó USD 4 000, pero la investigación no avanza y yo no recupero el dinero”.
A las 12:00 de ese jueves, más usuarios recorrían los pasillos de la Fiscalía Provincial de Pichincha. En la Unidad de Soluciones Rápidas estaba Nery, de 59 años. Ingresó a un despacho y preguntó por su caso. La consulta duró menos de 10 minutos. El asistente del fiscal reconoció que no hay avances. “Ya pedimos al ECU-911 los videos. Hay que esperar que nos remitan”, agrega el funcionario.
La mujer cuenta que en diciembre del 2018 robaron el cerebro de su vehículo.
El déficit en la falta de fiscales es un problema que acarrea la entidad desde hace tres años. En el 2017 hacían falta 400 fiscales, para este 2020 se requiere contratar 541 agentes investigadores. Las fiscalías más críticas son las de Violencia de Género, de Soluciones Rápidas, de Patrimonio Ciudadano, en donde se conocen, por ejemplo, denuncias por robos, estafas, abuso de confianza, etc. Allí, cada funcionario maneja en promedio más de 1 200 causas en indagación.
“El usuario es el que sufre, porque nosotros como fiscales no podemos despachar todo. Por eso nos toca dar prioridad a unos casos”, señala una fiscal de Patrimonio Ciudadano.
En la Unidad de Soluciones Rápidas, los agentes usan una fórmula para elegir qué investigaciones se impulsarán y cuáles no. “Nos concentramos en los casos graves, en donde hay indicios fuertes y aquellos donde la víctima está interesada y no abandona la denuncia”.
En el 2019, la actual fiscal general, Diana Salazar, alertó sobre la falta de agentes al Consejo de la Judicatura, y pidió que nombrara al menos 400 investigadores. Según la Fiscalía, desde abril del año pasado hasta enero este año se incorporaron a la entidad solo 17. “Es importante mencionar que la vinculación de agentes fiscales, a través de nombramientos, es facultad del Consejo de la Judicatura”, indica la Fiscalía.
El trámite para nombrar agentes es realizar un concurso de méritos y oposición. El último se realizó en el 2015.
En abril del 2018 se realizó un llamado para llenar 400 vacantes, pero ese concurso fue suspendido por disposición del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio. Gustavo Jalkh, en ese entonces presidente de la Judicatura, criticó la decisión y dijo que paralizar el proceso “afectaba al desenvolvimiento de la justicia”.
La actual Judicatura planifica retomar el proceso de selección. La convocatoria se hará el próximo mes. Sin embargo, aún se desconoce cuántos funcionarios podrán ser contratados, ya que ahora estos son sometidos a una evaluación.
El presupuesto de la Fiscalía es otro tema que ha afectado a la institución. Desde el 2014, el Estado ha recortado sus asignaciones hasta en USD 15 millones.
Únicamente en los salarios de los fiscales la entidad utiliza el año, en promedio, USD 42 millones. Además, por cada fiscal se necesita contratar un secretario y un asistente.
“Llevo siete meses escuchando las mismas excusas: que no hay fiscal, que no hay perito, que no hay fecha para audiencia. ¿Hasta cuánto tenemos que esperar las víctimas para que nos hagan justicia?”, reclama Jorge, de 63 años.
Él es un comerciante. Cuenta que desde mayo del 2019 ha denunciado un tráfico de tierras. El lote que compró en el sur de Quito fue revendido por una persona que se hizo pasar por el dueño. “Ahora hay una familia que ha construido una casa allí, pero es mi propiedad, y no puedo recuperarla”.
En las oficinas fiscales, los expedientes se apilan sobre escritorios, debajo de las sillas, en los rincones y sobre los armarios. Cada día entran nuevas denuncias judiciales.