5 de August de 2011 00:02

La Judicatura separó a 162 funcionarios

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Un bus de la Policía Nacional esperaba ayer desde las 09:00 en las afueras de la Corte Provincial de Pichincha. Resguardaban la audiencia de apelación del caso del mayor (r) Fidel Araujo, vinculado a los hechos del 30-S.

A las 10:00 llegó el inculpado y lo hizo sin su defensa. Estaba tranquilo, a pesar de que la audiencia quedó cancelada. Araujo fue acusado por el Gobierno y la Fiscalía General del Estado por el delito a la incitación a la rebelión, pero el Tribunal Cuarto de Garantías Penales de Pichincha lo absolvió en primera instancia.

La suspensión de la audiencia se debió a que los integrantes del Consejo de la Judicatura Transitorio resolvieron, el martes pasado, dejar sin efecto 91nombramientos provisionales y cancelar 71 contratos. Entre ellos se encontraban los tres conjueces de la Segunda Sala de garantías Penales de Pichincha: Ismael Vásquez, Ronald Valladares y Otto Torres.

Los jueces, al igual que las partes, fueron notificados el miércoles por la tarde. Sin embargo, el fiscal a cargo del caso, Miguel Jiménez, acudió al sitio acompañado por Mariana Yépez, Esteban Yépez, Diego Guarderas, y Rosa Cerón, asesores de la Fiscalía General del Estado. Ellos llegaron a la Corte Provincial a las 10:30.

Tanto ellos como Araujo ya tenían conocimiento de que la audiencia no se iba a llevar a cabo, pero decidieron subir a la sala a corroborar esta noticia.

Horas más tarde, el organismo a cargo de la reforma judicial convocó a una rueda de prensa para oficializar esta decisión, la primera tomada por el Pleno tripartito, conformado por Fernando Yávar, Paulo Rodríguez y Tania Arias.

El presidente de este ente y delegado del presidente Rafael Correa dijo que “es de potestad constitucional la decisión tomada”. Fue así como Rodríguez negó los rumores de que estos contratos sean parte de las denuncias formuladas contra el ex titular de la Judicatura, Benjamín Cevallos, por supuestos nombramientos ilegales o a dedo. Además, aclaró que fue una decisión tomada de forma unánime.

Este grupo de 91 de trabajadores del Sistema Judicial, entre los que se encuentran jueces, conjueces y servidores administrativos de 17 provincias, tenían la característica en común de haber sido empleados con un nombramiento temporal o provisional. La Ley dispone que son de libre nombramiento y remoción.

En esta primera resolución tomada por el Pleno se encuentra también la cancelación de 71 contratos, sustentada en la cláusula número ocho.

Esta determina que se dará fin de un contrato automáticamente y sin aviso solemne o formal, en la fecha que finaliza o antes, por incumplir uno o varios de los once puntos que establece este requisito. Entre ellos se encuentra, por ejemplo, la falta a alguna norma dispuesta en la Ley o en el Código Orgánico de la Función Judicial o la deficiencia del servicio .

Rodríguez afirmó que con estos cambios se está dando cumplimiento al mandato del pueblo del pasado 7 de mayo. No obstante, reconoció que hay cosas que aún están pendientes antes de presentar oficialmente el plan de trabajo el próximo 9 de agosto. Entre estos retrasos se encuentra el reglamento para nombrar a jueces de la Corte Nacional de Justicia, que debía estar listo para hoy.

Jiménez, a su salida de la Corte, ratificó lo sucedido y que ya era de conocimiento público . Dijo que “el Consejo de la Judicatura Transitorio está tan solo cumpliendo sus funciones”. Además, declaró que no existe una fecha tentativa para que se convoque a una nueva audiencia, “hasta que no existan nuevos conjueces a cargo del caso”.

Araujo concuerda con Jiménez en que “ la Judicatura tiene todo el derecho de evaluar a los operadores de Justicia”. Y calificó como una “buena actuación que hayan sido retirados de sus cargos a jueces nombrados a dedo”.

Desde su punto de vista, los jueces a nivel nacional que vayan a tomar las decisiones de disolver o acusar a una persona deben ser probos. Al mismo tiempo, dijo que “hay que administrar la justicia en tiempos oportunos para evitar la impunidad”.

Punto de Vista
Gustavo Medina / Penalista
'Imparcialidad e independencia'

Veo que el Consejo de la Judicatura (CJ) Transitorio empieza con terminar contratos y nombramientos. Habría que ver si ello tiene alguna intencionalidad. Hemos señalado reiteradamente que uno de los elementos fundamentales que debe orientar el cambio de la administración de justicia es la independencia.

Esto debe ocurrir en dos momentos, independencia en el accionar del CJ provisional primero y del definitivo después. Además, independencia en el accionar de quiénes resulten elegidos por ese concepto, es decir, quiénes sustituyan a los que deban salir de la administración de justicia.

Lo que pedimos al CJ Transitorio es que ese cambio sea de carácter trascendente y transparente. Que no se quede en la simple sustitución de personas y que esa sustitución se lo haga de manera independiente. Y luego quienes, resultados elegidos, demuestren una total imparcialidad, independencia y autonomía.

Cuatro momentos claves en el juicio seguido al mayor (r) Fidel Araujo

05/10/2010
Fidel Araujo, ex miembro de Sociedad Patriótica, fue detenido por agentes de la PJ y del GOE, como parte de la investigación por la sublevación policial del 30 de septiembre.

16/02/2011
La Tercera Sala de la Corte de Pichincha negó el hábeas corpus para Araujo. Se dijo que no demostró violación de leyes en su detención.

03/04/2011
Tras permanecer seis meses encerrado en el CDP, Araujo, fue liberado por orden del Tribunal Cuarto de lo Penal que lo declaró inocente de presunta incitación a la rebelión policial el 30 de septiembre del 2010.

04/08/2011
Los conjueces que debían resolver la apelación del caso Araujo son parte del grupo de funcionarios que fue removido de sus tareas. Por cuarta ocasión queda suspendida la audiencia de apelación.

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