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Judicatura investiga la actuación de un juez en el caso del prefecto del Guayas, Carlos Luis Morales

El Consejo de la Judicatura investiga la actuación de un juez en Guayas que no acató el pedido de prisión preventiva solicitado por Fiscalía contra el prefecto Carlos Luis Morales y dispuso medidas cautelares, en la investigación por supuestas irregularid

El Consejo de la Judicatura investiga la actuación de un juez en Guayas que no acató el pedido de prisión preventiva solicitado por Fiscalía contra el prefecto Carlos Luis Morales y dispuso medidas cautelares, en la investigación por supuestas irregularid

El Consejo de la Judicatura investiga la actuación de un juez en Guayas que no acató el pedido de prisión preventiva solicitado por Fiscalía contra el prefecto Carlos Luis Morales y dispuso medidas cautelares, en la investigación por supuestas irregularidades en la adjudicación de contratos. Foto: Fiscalía Ecuador

El Consejo de la Judicatura abrió una investigación disciplinaria contra el presidente de la Corte Provincial del Guayas, Alfonso Ordeñana, por supuestas faltas disciplinarias cometidas en el caso del prefecto de esa provincia, Carlos Luis Morales. La información fue confirmada la tarde del viernes 5 de junio del 2020.

El jueves 4 de junio del 2020, durante una audiencia de formulación de cargos contra el prefecto Morales, el juez no acató el pedido de prisión preventiva solicitado por Fiscalía y dispuso medidas cautelares para el procesado por el presunto delito de tráfico de influencias en la adjudicación de contratos durante la emergencia sanitaria.

El juez dispuso prohibición de salida del país, la presentación periódica ante una autoridad competente y el uso de un grillete electrónico.

Ante esta decisión, la fiscal general, Diana Salazar, expresó públicamente su preocupación por la actuación de este magistrado.

La presidenta de la Judicatura, María del Carmen Maldonado, indicó que también se inició un sumario administrativo en contra de este juez y dos magistrados más de la Corte del Guayas por retardar la notificación de una sentencia escrita durante siete meses.