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Judicatura investiga a juez que otorgó habeas corpus a Jorge Glas

La Corte de Santa Elena deberá revisar el fallo del habeas corpus con el cual Jorge Glas fue excarcelado. Foto: Diego Pallero/ EL COMERCIO

La Dirección de Transparencia del Consejo de la Judicatura investiga a dos jueces multicompetentes de Manglaralto, cantón de Santa Elena. Este hecho se conoció este viernes 22 de abril del 2022.  

Sin embargo, desde el 10 de abril del 2022 se abrió una indagación contra el magistrado Diego Moscoso, quien otorgó el habeas corpus a Jorge Glas. Con ese recurso constitucional, el exvicepresidente salió de la Cárcel de Cotopaxi.  

Ese jurista dispuso que Glas se presente el primer lunes de cada mes en la Corte Provincial del Guayas y la prohibición de salida del país.  

Segunda investigación

La segunda investigación es contra la jueza Erika Moriel. El 20 de abril del 2022, ella aceptó un recurso de habeas corpus a favor de un holandés y ordenó su inmediata libertad. El detenido tenía difusión roja de Interpol, pues es requerido en los Países Bajos, por el delito de tráfico de drogas. 

De hecho, el presidente de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), Iván Saquicela, solicitó el jueves 21 de abril de 2022, una investigación a la Fiscalía y al Consejo de la Judicatura por la concesión de ese recurso constitucional a favor del holandés.  

La Corte Nacional aseguró que esa jueza carece de competencia, “puesto que el ciudadano es requerido por los Países Bajos en un trámite de extradición por tráfico de drogas y estaba privado de su libertad a órdenes del presidente de la CNJ, Iván Saquicela”. 

Procedimiento en la Judicatura

En ambos casos, la Dirección de Transparencia de la Judicatura “verifica si existieron o no posibles irregularidades en el ingreso y conocimiento de los recursos de habeas corpus”. 

Si se confirman esas anomalías, la autoridad competente establecerá una sanción. Esta puede ser leve (multa o amonestación escrita), grave (suspensión) y gravísima (destitución). 

Según Fausto Murillo, presidente de la Judicatura, dijo que aún se espera “una denuncia de los afectados por las actuaciones de los dos jueces y el pedido de declaración jurisdiccional previa en la Corte de Santa Elena” para iniciar procesos disciplinarios por negligencia, error inexcusable o dolo.