Inteligencia en centros carcelarios del Ecuador es limitada
El 2 de marzo, el personal de Fuerzas Armadas custodiaba los exteriores de la Penitenciaría de Guayaquil. Foto: archivo / EL COMERCIO
Las armas estaban listas para ingresar a la cárcel regional de Guayaquil. Los Choneros idearon un plan para evadir los controles. Un guía penitenciario se encargaría de llevarlas hasta el pabellón de mediana seguridad. Eran dos pistolas Glock y una decena de municiones. El ingreso debía producirse el 22 de febrero, un día antes de la masacre que se desencadenó en las cuatro prisiones más grandes del país.
13 días después de esos hechos, informes policiales revelan que previamente el guía mantuvo conversaciones con dos internos. Ahora, los tres están procesados por el ingreso ilegal de las armas.
Un juez dispuso que los dos reos permanecieran vigilados en la cárcel; mientras que al celador le ordenó que se presentara cada viernes en la Fiscalía.
Los policías analizan esa información para saber si hay más cómplices, y admiten que no tuvieron alertas de que los presos preparaban un masivo ataque, que al final dejó 79 muertos. Advierten que “era imposible” conocer el caos que se desataría. ¿Por qué fallaron los servicios de Inteligencia en las cárceles?
Según informes oficiales, las acciones para que la Policía rastree hechos al interior de las prisiones están “limitadas”.
Los investigadores saben que no pueden realizan escuchas telefónicas ni monitorear a los presos con cámaras de vigilancia. Tampoco pueden infiltrar policías dentro de las celdas o reclutar informantes.
La principal razón de esta debilidad es la falta de una Ley de Inteligencia que les permita ejecutar ese tipo de operaciones. Esos inconvenientes fueron expuestos en la Asamblea Nacional, el lunes pasado.
Durante cinco horas, autoridades del Ministerio de Gobierno y de la Policía explicaron que actualmente los uniformados solo están autorizados a ingresar a los centros carcelarios después de que ocurren revueltas. El resto del tiempo, se dedican a tareas específicas como evitar fugas o resguardar los perímetros penitenciarios. Es decir, su competencia se concentra en los exteriores.
Así se estableció en el 2015 a través de un convenio entre los extintos Ministerios de Justicia y del Interior. Desde ese año, la Policía conformó un grupo con 2 800 efectivos para contingencias en las prisiones. De esos, 1600 están permanentemente en los centros. Los otros 1 200 vigilan a las personas que tiene prelibertades y arrestos domiciliarios.
Existe información del Ministerio de Gobierno que indica que la Inteligencia en las cárceles tiene que ser reforzada con presupuesto y equipos tecnológicos. Estos requerimientos no son nuevos.
A finales del 2019, el Servicio de Rehabilitación (Snai) creó un proyecto de transformación del sistema penitenciario.
En ese documento se indica que en el 2020 y el 2021 se debían adquirir herramientas específicas para los agentes que operan en los servicios de Inteligencia. Entre esos estaba la compra de vehículos blindados, por un monto de USD 120 000. También la adquisición de micrófonos diminutos y drones. Hasta el momento todo eso está pendiente.
Lo que sí existe es una resolución que delimita las acciones que tiene la Dirección Técnica de Inteligencia e Investigación, que está a cargo del Snai. Esa norma fue actualizada por última vez en enero pasado. En el art. 16 se detallan 14 atribuciones y responsabilidades que tiene esa dependencia.
En esa lista se especifica, por ejemplo, que deben gestionar visitas de campo a los diferentes centros carcelarios, para la recolección de información que fortalezca los procesos de Inteligencia. Además, se indica que se tiene que “obtener datos e información estratégica sobre actividades ilegales y que afecten de cualquier forma a la seguridad penitenciaria”.
Pero las autoridades del Snai han confirmado públicamente que eso no existe por el momento. La Policía también lo ratifica y advierte que no reciben información de los guías sobre lo que sucede adentro con los privados de libertad.
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