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Un informe desató el juicio por helicópteros Dhruv

En el 2009, el entonces legislador Fausto Cobo presentó una denuncia por la adquisición de los helicópteros Dhruv. En ese mismo año, la Fiscalía abrió una indagación previa. Foto: Archivo / EL COMERCIO

Era 5 de agosto del 2008. En esa fecha, el Ministerio de Defensa, la Fuerza Aérea Ecuatoriana y la Junta de Defensa Nacional adquirieron siete helicópteros Dhruv. Después de 13 años, la Fiscalía determinó que hubo presuntas irregularidades en esa compra y procesó a 15 personas por presunto peculado.

¿Por qué esta causa judicial se activa después de tanto tiempo? En el 2009, el entonces legislador Fausto Cobo presentó una denuncia por la adquisición de esas naves. En ese mismo año, la Fiscalía abrió una indagación previa.

Siete años después, el fiscal general de ese entonces, Galo Chiriboga, recibió los resultados de un examen especial del caso elaborado por la Contraloría. En ese documento se determina que no existen indicios de responsabilidad penal.

Entonces Chiriboga decidió desestimar la investigación y el 14 de abril de 2016 solicitó a la Presidencia de la Corte Nacional de Justicia el archivo de la denuncia.

En ese momento aseguró que no existían elementos para iniciar una imputación penal y que además era necesario el Informe de Responsabilidad Penal (IRP) de Contraloría para iniciar una imputación por peculado.

Ese requisito del IRP fue declarado inconstitucional por la Corte Constitucional en julio de 2019. Ese fue el argumento que utilizó la actual fiscal general, Diana Salazar, para pedir que se reabra el caso.

El 23 de diciembre del 2020, el juez Iván León aceptó el pedido para seguir la investigación de ese delito.

Luego de dos convocatorias diferidas, este 6 de octubre del 2021 se instaló la audiencia de formulación de cargos. En esa diligencia la Fiscalía aseguró que durante la investigación se logró recabar 116 indicios en contra de los procesados.

En la lista de imputados hay dos exministros de Defensa de la época del correísmo. Sus defensas aseguran que las evidencias de Fiscalía no son “suficientes, claras ni precisas”. Sostienen además que sus defendidos no han cometido ningún delito.