Los países de América Latina deben ajustar su legislación y aumentar la cooperación para enfrentar mejor el cibercrimen, estimó el miércoles el presidente del Grupo de Trabajo Latinoamericano sobre delitos tecnológicos de INTERPOL, el argentino Miguel Angel Justo.
Tras inaugurar la 11 Reunión del Grupo de Trabajo en Montevideo, Justo -Principal de la Policía Federal Argentina- dijo a la AFP que “el desafío permanente es la cooperación internacional”.
“No hay técnica que pueda avanzar en cibercrimen si no es con cooperación internacional, por la naturaleza propia de la dinámica que es internet”, destacó Justo, estimando que es la única forma de soslayar la dificultad de definir las jurisdicciones a la hora de investigar un delito de este tipo.
La cooperación “actualmente no es quizás la ideal, a la que aspiramos”, admitió. “Creemos que sí debe ajustarse alguna cuestión legislativa, pero para paliar esa faltante de normativa alcanza el esfuerzo que estamos haciendo a nivel regional, en el marco de INTERPOL”, añadió.
Justo explicó que la naturaleza de este tipo de delitos hace que sea muy difícil la aplicación de normativa tradicional. En ese sentido, ejemplificó que en la mayoría de los países de la región las empresas proveedoras de servicios de internet no están obligadas a guardar información durante un plazo determinado, por lo que cada una lo hace en función de sus posibilidades de inversión y de su responsabilidad social.
“Entonces hay veces que como no hay obligación no se cuenta con la información necesaria para llevar adelante una investigación”, indicó.
“Esto pasa en la gran mayoría de los países, son muy pocos lo que lo tienen legislado, porque originariamente creo que no se pensó que iba a explotar como explotó la red. En algún momento va a haber que regularlo, para que sea ordenado el manejo de esta tecnología”, sostuvo.
Desde el miércoles hasta el viernes representantes de las unidades de investigación de cada país del grupo que se dedican al combate del cibercrimen intercambiarán información sobre las nuevas modalidades delictivas mediante el uso de internet y las formas de combatirlas.
El grupo está integrado por Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, México, Panamá, Perú, Venezuela, España, Francia, República Dominicana, Ecuador, Paraguay, Estados Unidos y Uruguay.