La Fiscalía busca información del caso FEF en siete países
La fiscal Diana Salazar lleva este caso y el1 de febrero pasado acudió a una audiencia. Foto: Galo Paguay / Archivo EL COMERCIO
La herramienta jurídica es la Asistencia Penal Internacional. A través de este trámite, que utilizan los fiscales para cooperación judicial entre países, la Fiscalía ecuatoriana intercambia y busca datos con siete países de América.
Todos los pedidos están relacionados con el caso Ecuafútbol, en el que están procesados Luis Chiriboga, Vinicio Luna y Francisco Acosta, directivos de la Federación Ecuatoriana de Fútbol suspendidos.
Ellos fueron acusados de un supuesto lavado de activos en diciembre pasado. Hasta esta semana, la Fiscalía ha solicitado asistencias penales a siete países: Estados Unidos (EE.UU.), Brasil, Bolivia, Argentina, Uruguay, Panamá y Paraguay.
Entre los pedidos se solicitan certificados de cuentas bancarias, registros de actividades económicas, pagos de declaraciones de impuestos, promesas de compraventa y bienes registrados a nombre de Chiriboga, Luna o Acosta.
Los resultados serán incluidos en el caso Ecuafútbol, que lleva la fiscal Diana Salazar. Por eso cada pedido tiene el carácter “urgente”, pues el próximo 5 de marzo termina la instrucción fiscal, que es el plazo para desarrollar la investigación.
El Tribunal del Distrito Este de Nueva York ya contestó un pedido de la Fiscalía ecuatoriana y en diciembre pasado envió un expediente de 308 páginas. En el documento se detallan las acciones realizadas en el caso FIFAgate, que sigue ese país en contra de 27 dirigentes de la FIFA, de sus confederaciones y empresarios.
El nombre de Chiriboga se menciona allí. Él es acusado por ese país de una presunta conspiración de lavado de dinero y de fraude electrónico. En ese documento, al que tuvo acceso este Diario, se explica una presunta trama de sobornos en la que se habrían utilizado instalaciones electrónicas e instituciones financieras ubicadas en EE.UU.
El objetivo: “hacer y recibir pagos de sobornos relacionados con los contratos (de derechos de los torneos que organizaba la Conmebol)”. Se detalla también que los directivos de la Conmebol, desde el 2000 al 2015, realizaban en ese país reuniones “para llevar adelante ese proyecto”.
Este Diario habló con el abogado de Chiriboga, Juan Carlos Machuca, quien aseguró que se debe probar los supuestos sobornos de los que se lo acusa. Pero aclaró que la Constitución impide la extradición de un ecuatoriano. Eso se establece en el artículo 79.
Para la Fiscalía ecuatoriana es importante demostrar que Chiriboga participó de esas citas y que recibió los rubros. “Hasta ahora no tienen nada”, asegura Machuca. Él explica que para que se configure el lavado de activos se debe comprobar que existió una “fuente ilícita que entregó dinero a mi cliente y eso no se ha establecido hasta la fecha”. Y agregó. “¿Dónde están los yates, los carros de lujo, los jets privados, las joyas?”.
Sobre los traslados que hizo Chiriboga, la Policía determinó que realizó 93 viajes al exterior desde el 2010 al 2015. De esos 38 fueron como parte de la comitiva de los partidos de la Selección nacional. A Estados Unidos registra 16 entradas. Pero al país que más viajó fue a Perú, con un total de 20 veces.
De hecho, el lunes pasado, la Fiscalía General pidió a ese país información, si la hubiera, de actividades económicas, propiedades o cuentas bancarias de los tres procesados. Este pedido se lo realizó el mismo día que en Guayaquil se reunieron los fiscales de seis países de Sudamérica, en donde se investiga la entrega de supuestos sobornos.
Según la acusación de la fiscal estadounidense, Loretta Lynch, quien investiga el caso FIFAgate, los presuntos sobornos en la Conmebol habrían comenzado en el año 2000. Primero fueron cinco miembros, entre estos Eugenio Figueredo, expresidente de ese organismo.
Él rindió su testimonio para el caso Ecuafútbol el martes. Pero Machuca señala que ante la pregunta sobre si la Conmebol había transferido fondos a la Ecuafútbol, Figueredo respondió que sí, pero que eso ocurría con todas las federaciones tras la aprobación de un Comité Ejecutivo. Por eso advierte que su cliente es inocente y que hasta ahora no se ha probado nada.
