La Fiscalía General del Estado acusó por el presunto delito de peculado a 18 procesados por el caso helicópteros Dhruv. Esto ocurrió en la audiencia preparatoria de juicio que se realizó en la Corte Nacional de Justicia, en el norte de Quito.
La fiscal Diana Salazar acusó como autores de ese ilícito a 16 procesados, entre ellos a dos exministros de Defensa, un excomandante de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) y otros militares en servicio pasivo.
Este jueves 28 de julio del 2022 se conoció que también los otros dos procesados fueron acusados como cómplices de la infracción penal
En la diligencia, que se desarrolló el 27 de julio del 2022, la fiscal Salazar pidió que se levanten las medidas de inmovilización de tres de los siete helicópteros, así como la orden de enajenación de las aeronaves.
El 9 de abril del 2021, el juez Luis Rivera dispuso la inmovilización de los tres helicópteros Dhruv que estaban operando. Ese pedido se dio dos días después de que el entonces ministro de Defensa Oswaldo Jarrín anunciara que esas naves serán puestas a la venta.
A las 12:00 de este 28 de julio del 2022, se instaló el cuarto día de audiencia preparatoria de juicio. En esta diligencia está previsto que las defensas de los imputados presenten al magistrado Rivera los argumentos a favor de sus clientes.
Luego, el juez debe analizar lo expuesto por Fiscalía y por los defensores y decidir si llama o no a juicio a los 18 implicados en este caso.
Detalles de este caso
Este caso se remonta al 5 de agosto del 2008. En esa fecha, el Ministerio de Defensa, La Fuerza Aérea Ecuatoriana y la Junta de Defensa Nacional adquirieron siete helicópteros Dhruv.
Después de 13 años, la Fiscalía determinó que hubo presuntas irregularidades en esa compra, en la fase precontractual, contractual y de ejecución. Según esa entidad, el perjuicio para el Estado es de USD 66 millones.
Inicialmente, la Fiscalía procesó a 15 personas por presunto peculado. Esa audiencia de formulación de cargos se realizó en octubre del 2021. En la lista de imputados hay dos exministros de Defensa de la época del correísmo, un excomandante de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) y otros militares en servicio pasivo.
Luego, el pasado 12 de enero, tres personas más fueron vinculadas a este proceso judicial. Por eso, ahora son 18 implicados.
Sus defensas aseguran que las evidencias de Fiscalía no son “suficientes, claras ni precisas”. Sostienen además que sus defendidos no han cometido ningún delito.
El artículo 257 del Código Penal, vigente cuando se habría perpetrado el supuesto ilícito, establece una pena de ocho a 12 años de cárcel por el delito de peculado. Esa misma norma impone una pena de hasta 16 años de prisión “si la infracción se refiere a fondos destinados a la defensa nacional”.
La investigación previa por este caso se reabrió el 23 de diciembre del 2020 por pedido de la fiscal Salazar.
¿Por qué este caso se reabrió, tras ser archivado?
En el 2009, el entonces legislador Fausto Cobo presentó una denuncia por la adquisición de esas naves. En ese mismo año, la Fiscalía abrió una indagación previa.
Siete años después, el fiscal general de ese entonces, Galo Chiriboga, desestimó la investigación y el 14 de abril de 2016 solicitó a la presidencia de la Corte Nacional de Justicia el archivo de la denuncia.
En ese momento aseguró que no existían elementos para iniciar una imputación penal y que además era necesario el informe de responsabilidad penal (IRP) de Contraloría para iniciar una imputación por peculado.
Ese requisito del IRP fue declarado inconstitucional por la Corte Constitucional en julio de 2019. Ese fue el argumento que utilizó la actual fiscal general, Diana Salazar, para pedir que se reabra el caso. Además, ella dijo que se presentó nuevas evidencias.