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La Fiscalía acumula más elementos en el caso Las Torres

El pasado 7 de mayo, un Tribunal analizó un pedido de apelación a la prisión de Celi. Foto: Archivo EL COMERCIO

Durante 10 días, la defensa del contralor Pablo Celi armó una estrategia y recopiló certificados médicos que expondrá ante el juez nacional Felipe Córdova, para intentar que su cliente salga de la Cárcel 4. Allí fue recluido tras ser procesado por presunta delincuencia organizada, dentro de una trama de corrupción.

El caso estalló hace dos meses y en este tiempo los investigadores han tomado la versión de 14 funcionarios de la Contraloría y nueve exfuncionarios. Uno confirmó que Celi le ordenó desvanecer cinco glosas por USD 13 millones a favor de Nolimit, una firma proveedora de servicios petroleros.

Por eso, la Fiscalía ubica al Contralor como uno de los cabecillas dentro de este esquema ilegal, que aparentemente exigía coimas para mantener contratos en la estatal Petroecuador y desvanecer procesos en Contraloría.

En poder de las autoridades judiciales hay celulares, computadoras e informes que demostrarían el delito.

Este material quedó bajo custodia desde el pasado 13 de abril, cuando se realizó un allanamiento a las oficinas de la Contraloría, en Quito.

Los agentes han pedido a ese ente que envíe la documentación. La última solicitud se realizó el pasado martes. Toda la información recopilada debe ser analizada por un perito y sus resultados pasarán al expediente judicial.

El viernes, en Criminalística, en Quito, se extrajo información de los teléfonos y computadoras de Pablo Celi. A esta experticia solo acudió su abogado, pues el Contralor está internado en el Hospital Eugenio Espejo, a causa del covid-19.

En el informe médico, que esta casa de salud emitió el viernes, consta que él aún tiene fiebre y que necesita oxígeno, pues la saturación de sus pulmones es baja.

Luego de que se confirmara el contagio, la Contraloría le otorgó el jueves una nueva licencia por enfermedad. La ley de Servicio Público (art. 27) dice que esa autorización durará máximo tres meses. Todo ­depende de cómo evolucione su estado de salud.

Este permiso médico fue solicitado por Marcelo Ron, abogado del Contralor, dos días antes de que venciera el plazo de 60 días de la primera licencia sin sueldo que el ente de control le otorgó, tras ser procesado penalmente.

La idea de Celi ha sido recurrir a la vía administrativa y judicial para tratar de mantener sus funciones como titular de la Contraloría.

Además, desde las 11:30 de hoy arranca una audiencia en la Corte para resolver un pedido de revocatoria a la prisión preventiva que pesa en su contra. El objetivo es que él pueda recuperar su libertad y no pierda su cargo como Contralor.

Uno de los argumentos que se explicará en la diligencia es que solo Celi y dos personas más tienen orden de prisión, mientras que los otros 10 procesados en esta causa cumplen medidas alternativas, como la presentación periódica ante una autoridad judicial o la prohibición de salida del país.

Según Ron, se ha violentado el principio de igualdad establecida en la Constitución, pues su cliente “no puede defenderse en libertad, mientras que los demás sí”.

Además, entre la documentación que se presentará hoy ante el juez constan dos certificados médicos que demuestran que él tiene covid-19 y también una enfermedad degenerativa en su ojo derecho, con riesgo de ceguera.


El Código Integral Penal (art. 537) detalla que un procesado puede acceder al arresto domiciliario o al uso de grillete siempre que se compruebe que padece una enfermedad incurable, catastrófica o de alta complejidad.

En dos ocasiones, la defensa del Contralor ha solicitado que se levante la orden de arresto a favor de su cliente.
El primer pedido fue negado por un Tribunal el pasado 13 de mayo. En esa ocasión, la Fiscalía dijo que existe un alto riesgo de que Celi se fugue o que interfiera en la investigación.