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Firmas que facturaron a Alianza País, en liquidación

Rafael Correa y sus simpatizantes, durante una campaña de Alianza País, en el 2013. Foto: Archivo / EL COMERCIO

Rafael Correa y sus simpatizantes, durante una campaña de Alianza País, en el 2013. Foto: Archivo / EL COMERCIO

Rafael Correa y sus simpatizantes, durante una campaña de Alianza País, en el 2013. Foto: Archivo / EL COMERCIO

Los aportes ilegales que habría captado Alianza País (AP) sirvieron para robustecer a empresas de comunicación, de confección de uniformes, a agencias de publicidad y hasta a ferreterías e inmobiliarias. Estos datos surgen tras revisar el archivo Verde Final, hallado en la computadora de Laura Terán.

Antes del 2012 su facturación era mínima o inexistente, pero con las campañas del correísmo sus ingresos subieron y ahora muchas están en liquidación. Sus facturas también son rastreadas por la Fiscalía.

Por ejemplo, una agencia de publicidad constituida en el 2012, en Guayaquil, con solo un año de operaciones, en las elecciones presidenciales del 2014 recibió un contrato por “asesoría publicitaria”, valorado en USD 127 296.

Cinco años después, la agencia de publicidad aparece en proceso de disolución en la Superintendencia de Compañías. En el 2017 y el 2018 no se registran pagos de impuesto a la renta ni ganancias, según el Servicio de Rentas Internas.

El caso de una productora audiovisual es similar. Fue creada en el 2011 en Guayaquil. Ese mismo año recibió un contrato por USD 78 000 con la finalidad de crear un video.

Desde el 2012 al 2016, tuvo ingresos anuales por USD 168 000, en promedio. Para este año, la Superintendencia de Compañías registra que la productora está en disolución.

En total, en el expediente del caso Sobornos, se menciona a 63 firmas que prestaron servicios de comunicación, publicidad, organización de eventos, estudios de mercado y venta de material de ferretería.

Mientras que en la lista de 22 nuevos sospechosos hallados por la Fiscalía también constan dos firmas de papel. Es decir, empresas creadas legalmente, pero que sirvieron para simular actividades comerciales.

Una de esas tiene como giro de negocio la venta de suministros electrónicos. La fecha de constitución es el 2007 y actualmente está en disolución. El número telefónico que registra es el de una vivienda particular en Guayaquil.

La otra se dedicaba a los servicios inmobiliarios. El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) no registra a ningún trabajador. También fue constituida en el 2007 y actualmente está en disolución. En el 2014, ambas firmas facturaron USD 219 000.

Otra compañía que aparece en los archivos tiene facturas por USD 2,6 millones entre el 2012 y 2015. Supuestamente esta compañía vendió porcelanato y material de ferretería .

Sin embargo, los agentes que investigan el caso no descartan que a través del cruce de facturas AP obtenía dinero en efectivo y ocultaba el pago de los verdaderos servicios.

Esto ocurrió, porque en los archivos de Terán se dan instrucciones para camuflar los servicios de comunicación y propaganda de AP por rubros “más acordes” al negocio que tenían los aportantes, es decir, la construcción.

De las 22 personas que serán vinculadas están 10 funcionarios y exfuncionarios del correísmo. Además se incluyen a 12 empresarios, que habrían pagado aportes a las campañas de AP (ver infografía).

El abogado penalista Gabriel Ponce considera que la Fiscalía debería, además, procesar “a todas las empresas que se hayan beneficiado con contratos y hayan cometido actos ilícitos”. El jurista mencionó, por ejemplo, a la constructora brasileña Odebrecht. En el listado de personas que serán procesadas no aparecen ejecutivos de esta compañía.

Según los documentos de Terán, la constructora aportó USD 2,5 millones al movimiento correísta.

La semana pasada, su ex directivo en Ecuador Geraldo Pereira de Souza aceptó haber entregado “sobres” de papel a Pamela Martínez, entonces asesora de expresidente Rafael Correa. Ella también ha aceptado que Odebrecht le hacía llegar dinero en efectivo a través de sobres manila.

Dijo que Correa le pidió en el 2013 que llevara una doble contabilidad de los gastos electorales del movimiento.

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