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¿Por qué se habla de femi(ni)cidio en el caso de María Belén Bernal?

El cuerpo de María Belén Bernal fue encontrado en las inmediaciones de la Escuela de Policía. Foto: Carlos Noriega / EL COMERCIO

Tras el hallazgo del cuerpo de María Belén Bernal se habla de feminicidio en lugar de femicidio. Este último es el delito que consta en el Código Orgánico Integral Penal (COIP) ecuatoriano. El artículo 141 de esta norma señala que se castiga con 22 a 26 años de cárcel a la persona que, como resultado de relaciones de poder provoque la muerte a una mujer por el hecho de serlo o por su condición de género

El feminicidio, en cambio, es un término posicionado por el movimiento de mujeres. Con él se busca resaltar las responsabilidades del Estado, con sus instituciones y representantes, en las muertes violentas de mujeres por razones de género

Rocío Rosero, representante de la Coalición Nacional de Mujeres del Ecuador, señala que el término se originó en México. Luego, dice, el feminicidio pasó a los informes internacionales de derechos humanos para aludir a las acciones u omisiones del Estado en las muertes de mujeres

Sarahí Maldonado, representante de Las Comadres, agrega que con la palabra feminicidio se quiere visibilizar las negligencias y falta de voluntad política del Estado en las muertes. Esto, debido a que sus instituciones son las responsables de garantizar las condiciones para el ejercicio de los derechos humanos integrales de las mujeres

La inacción estatal en el caso María Belén Bernal 

En el caso de María Belén, Rosero dice que se habla de feminicidio por razones políticas. Además, se busca reivindicar esa figura, aunque el COIP no la contemple. “Políticamente es muy importante la responsabilidad del Estado por la cadena de omisiones en este caso”. 

En primer lugar, dice, el presunto feminicida es un agente estatal. Luego, el feminicidio ocurre en las instalaciones de una institución estatal. La activista además señala que a Germán se le protege, a través de diversas acciones y en distintos momentos, durante más de 72 horas, por agentes del Estado, no solo de la Policía sino también de la Fiscalía. 

Maldonado coincide en que, claramente, hay omisiones, negligencias y acciones concretas que demuestran la responsabilidad estatal. Enfatiza en la posibilidad de una complicidad, a través del espíritu de cuerpo que denuncia la madre de la víctima, Elizabeth Otavalo. La representante de Las Comadres menciona que se trata de un pacto patriarcal que encubre la violencia contra las mujeres, las niñas y los cuerpos feminizados

En el 2014, cuando el delito se incorporó al COIP, Maldonado señala que el movimiento de mujeres planteó los dos términos, pero solo fue aprobado el femicidio. “Fue justamente por este recelo del Estado de asumir su responsabilidad en las muertes”. 

Omisiones en política pública 

Las omisiones estatales tienen que ver también con el área de prevención, dice Rosero. Ella sostiene que no hay una política pública para prevenir la violencia feminicida. Esto, “porque hay la decisión gubernamental de no financiar la Ley de prevención y erradicación de la violencia”.  

Sucesivamente, dice, los gobiernos han eliminado la educación sexual integral y toda la obligación del sistema educativo de transversalizar el enfoque de igualdad de género en el currículo. Señala que esto no solo al sistema de educación básica sino también a la educación media y superior. Esas obligaciones para no perdernos en el conjunto de obligaciones explícitas en la ley de prevención y erradicación de la violencia.


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