Fausto Murillo espera que la Corte Constitucional resuelva denuncias contra jueces para actuar

El presidente de la Judicatura, Fausto Murillo, dice que el Consejo no puede actuar de oficio para destituir a jueces que favorecen a sospechosos. Foto: Twitter Fausto Murillo

El presidente del Consejo de la Judicatura (CJ), Fausto Murillo, aseguró este 20 de diciembre de 2022 que hay más de 400 pedidos de declaratorias jurisdiccionales previas a nivel nacional.

Espera que la Corte Constitucional (CC) se pronuncie sobre algunos de ellos, aún pendientes, para que la Judicatura pueda actuar dentro de sus competencias.

Murillo dijo, durante una entrevista en Ecuavisa, que el Consejo de la Judicatura no puede actuar de oficio sin denuncias previas en casos de jueces cuestionados o que favorecieron a sospechosos con sus dictámenes.

Existe una sentencia (141-2018) de la anterior Corte que interpretó el delito de prevaricato. Se estableció que los jueces constitucionales no incurren en ese delito, “por más que tuerzan la ley o la malinterpreten”, eso ha dado pauta para que algunos magistrados se pongan de lado de la delincuencia organizada y la corrupción, consideró el Presidente del Consejo.

Se necesita una denuncia, una declaración jurisdiccional previa del magistrado superior y con eso se puede iniciar un proceso disciplinario para demostrar que un Juez incurrió en figuras como dolo, manifiesta negligencia o error inexcusable, explicó Murillo.

“Tenemos 426 pedidos de declaratoria jurisdiccional previa ingresados a nivel nacional, de los cuales su gran mayoría han sido negados, otros están pendientes. Desde el 2020 a la fecha, 63 casos se han pronunciado afirmativamente (los jueces de la CC). Necesitamos que se despachen esas declaraciones jurisdiccionales y se inicie el proceso disciplinario para que en su momento el CJ pueda ratificar la inocencia o sancionar con la destitución”, expresó el funcionario.

Por esos resultados Murillo habló de un “falso espíritu de cuerpo” y espera que la CC se pronuncie cuando un juez incurra en alguna de las tres figuras antes mencionadas.

Judicatura habla de roles de funciones del Estado

Murillo dijo que su institución es un órgano administrativo disciplinario relacionado a la actuación de los jueces, pero que no tiene iniciativa legislativa. La Asamblea Nacional es la que tiene esa función para impulsar reformas, expuso al justificar que el 24 de abril la Judicatura y la Corte Nacional de Justicia ya solicitaron acciones al Ente constitucional.

En ese entonces, pidieron que por vía jurisprudencial se aclare el alcance y se delimite el hábeas corpus, para eliminar elementos discrecionales que den paso a abusos; que se revierta el precedente jurisprudencial que impide iniciar procesos de prevaricato con relación a decisiones judiciales sobre garantías constitucionales; y que se revisen los límites a las potestades disciplinarias de la Judicatura y se restituya la facultad de actuar de oficio en caso de negligencia manifiesta. “No hemos tenido eco”, indicó Murillo.

Respecto a ingresos de los jueces, sostuvo que es la Contraloría General del Estado la entidad de control a la que le compete verificar que exista armonía entre los ingresos lícitos de los servidores públicos y el patrimonio adquirido.

El 14 de diciembre, en un evento en la Universidad Andina, el embajador de Estados Unidos en Ecuador, Michael Fitzpatrick, cuestionó al sistema judicial de Ecuador. Pronunció que “cuando los fallos dejan de administrar justicia y se transforman en un mero ejercicio burocrático o peor en un camuflaje para proteger a narcos, matones o a sus testaferros pagados para lavar su cara, su plata, su imagen pública, la justicia pierde relevancia y por lo tanto se deja de creer en ella”.

En ese contexto, manifestó que se requiere que las instituciones del Estado trabajen de manera articulada. La Asamblea Nacional tiene una deuda para proveer los cambios normativos que se requieren; la Corte Nacional de Justicia debe emitir criterios unificados que generen certidumbre y que llenen las lagunas legales; el Consejo de la Judicatura debe sancionar a quienes abusen del derecho, sean jueces, fiscales, defensores o abogados litigantes, puntualizó.

Murillo, en cambio, destacó que actualmente se cuenta con una Unidad especializada para juzgar delitos de corrupción, con 14 jueces. Aseguró que “los cooperantes, la Embajada Americana, la Unión Europea no es que ha perdido confianza en el CJ, al contrario, lo ha ratificado” con su apoyo en algunos programas.


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