56 familias pelean para que accidente no quede impune
Paola Simbaña perdió a Juan Carlos, su hermano de 20 años de edad, quien viajaba desde Quito hasta Ibarra. Foto: EL COMERCIO
Entre los asientos y los fierros había gente que gritaba de dolor y clamaba por ayuda. Eran pasajeros de un bus interprovincial. La noche del 24 de septiembre del 2017 esa unidad se volcó en la carretera E-35, a la altura de Otavalo.
En el sitio murieron 13 personas. Una más falleció al siguiente día en el hospital.
Otras 42 personas resultaron heridas. Sofía Ortega es una de las sobrevivientes. Tiene lesiones permanentes en sus piernas y a sus 21 años utiliza bastón para caminar.
En la cama de su habitación revisa las láminas de las radiografías tomadas a sus piernas.
Ha pasado por el quirófano en 13 ocasiones para la reconstrucción de sus extremidades. Le faltan tres operaciones.
Hoy cursa el segundo semestre de Ingeniería Química en la Universidad Central.
Retrasó sus estudios por las lesiones que dejó el accidente hace tres años y siete meses atrás. Entonces tenía 18 años y regresaba a Ibarra, después de visitar a su hermano, en Quito. En el bus subieron su mamá, una tía y su sobrina. Estaba dormida cuando se volcaron.
Recuerda que despertó aturdida por los golpes. Al abrir los ojos no podía ver. La sangre que brotaba por una herida en su frente le cubría el rostro.
Dice que se limpió los ojos con sus manos y observó que estaba atrapada. Debido a las volteretas fue expulsada violentamente por una ventana.
Sus piernas quedaron aplastadas por la carrocería. Cuenta que esa noche escuchaba cómo los sobrevivientes gritaban y la gente se aglomeró en los alrededores rápidamente. Asegura que metros adelante vio a su mamá sin vida. Sus otros familiares se salvaron.
Tras el accidente, la Fiscalía de Imbabura abrió una investigación. Ahí se conoció que el bus cubría la ruta Quito-Tulcán y que el momento exacto del siniestro fue a las 20:13.
Las pesquisas demostraron que el automotor debía salir desde la terminal de Carcelén, en el norte de la capital, a las 18:00, pero que inició el viaje 40 minutos después.
En un informe, los peritos señalaron una falla mecánica en el sistema de frenos, como la principal causa del siniestro.
Indicaron que “no se pudo determinar la velocidad” a la que circulaba el bus. Pero en el juicio, las personas que quedaron lesionadas y comparecieron dijeron que iba rápido.
Hasta ahora, el exceso de velocidad es sancionado con una multa de USD 120 y seis puntos menos en la licencia. Pero en las reformas a la Ley de Tránsito, aprobadas la semana pasada en la Asamblea, se eliminó la última sanción.
En el juicio que se desarrolló en Imbabura, una jueza determinó que en Guayllabamba, el chofer dejó el volante y comenzó a manejar el ayudante.
Por eso, los familiares de los fallecidos dicen que quien conducía en el momento del siniestro no estaba preparado y no pudo maniobrar cuando el automotor se descontroló.
Paola Simbaña perdió a Juan Carlos, su hermano de 20 años. Él murió minutos después del percance. Los médicos detectaron golpes en su cerebro.
Juan Carlos estudiaba nanotecnología en la Universidad Yachay, en Urcuquí. Paola dice que él quería viajar a Rusia para cursar una maestría y fabricar prótesis. La tarde del domingo se despidió de sus familiares en Quito. Tomó el bus para ir a Ibarra y al siguiente día acudir a clases. La chica recibió una llamada cerca de las 20:20. Era la novia de su hermano, quien también estudiaba en Yachay y viajaba con él. Le contó todo lo que ocurrió.
Paola conserva las fotografías de su hermano en la sala de la casa. Dice que es una forma de recordarlo. En una carpeta guarda los documentos del proceso legal. En el expediente aparece el testimonio de un pasajero, que minutos antes del suceso había golpeado la puerta de la cabina del conductor para exigirle que desacelere. “Nunca hizo caso”.
Otro testigo indicó que en el trayecto a Otavalo recogieron a más pasajeros en la vía.
La capacidad máxima del bus era de 43. El reporte oficial de los muertos y heridos indica que esa noche viajaban 56.
Hoy, los familiares de las víctimas piden que los magistrados de la Corte Nacional de Justicia resuelvan un pedido de casación para que las sentencias de primera y segunda instancia queden en firme.
Eso permitirá que los responsables paguen, como reparación, USD 15 000 para cada familia de los fallecidos y montos que van desde los USD 5 000 hasta los 10 000 para los heridos. Depende del tipo de lesión que tienen.
Ana María Ibujés es parvularia y hoy se moviliza en silla de ruedas, porque un golpe que sufrió durante el accidente le afectó su médula espinal.
Sigue en rehabilitación. Asiste una hora y media, cada día. Cuenta que esa noche, mientras viajaba, miraba una película en el bus. Regresaba de Quito, tras visitar a su hijo.
“Segundos antes de que sucediera todo sentí que el vehículo aceleró. No recuerdo nada más hasta que me desperté en la madrugada”. En una ambulancia era trasladada de urgencia desde el hospital de Ibarra, donde llegó en primera instancia, hacia Quito. Dice que en el camino pidió a Dios que le permita vivir y ver a sus hijos crecer.
Con las terapias ha mejorado su postura y puede mantenerse erguida cuando está sentada. Se inscribió en un equipo de baloncesto en silla de ruedas y hace canotaje en la laguna Yahuarcocha. “Voy a seguir y a encontrar justicia”.
