Familiares de Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra piden a Corte Constitucional desclasificar el caso

Plantón en la Plaza Grande por parte de los familiares de los periodistas secuestrados y asesinados. Foto: ARCHIVO EL COMERCIO

Los familiares de Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra presentaron una demanda en la Corte Constitucional (CC) para que se disponga la desclasificación de las actas de las reuniones del Consejo de Seguridad Pública del Estado (Cosepe). Así esperan conocer la información sobre el secuestro y asesinato del equipo de prensa de EL COMERCIO en la frontera norte en el 2018. 

Ese pedido se presentó por escrito este lunes 12 de julio del 2021 a través de una ventanilla en las instalaciones de la Corte, en Quito. Estuvo presente Ricardo Rivas, hermano del fotógrafo Paúl Rivas, y Galo Ortega, padre del periodista Javier Ortega. Acudieron con un abogado. 

Galo Ortega, padre del periodista Javier Ortega, junto a Carolina Rivas, hija del fotógrafo Paúl Rivas. Los familiares del equipo de prensa de EL COMERCIO exigen justicia. Foto: Diego Pallero / El Comercio
Galo Ortega, padre del periodista Javier Ortega, junto a Carolina Rivas, hija del fotógrafo Paúl Rivas. Los familiares del equipo de prensa de EL COMERCIO exigen justicia. Foto: Diego Pallero / El Comercio

Los familiares del equipo de prensa de EL COMERCIO han solicitado al Cosepe en cinco ocasiones que se revelen esas actas, después de que el 13 de abril del 2018 el entonces presidente Lenín Moreno anunció al país que había ordenado la desclasificación de la información del caso. Pero los pedidos han sido negados.

En febrero del 2020, la Fiscalía también solicitó a ese organismo que entregue la documentación del manejo del secuestro y del asesinato, para que forme parte del expediente judicial; sin embargo, un año después, se rechazó ese pedido porque “se atentaría contra la seguridad del país”, según el Cosepe.

“Al no entregar esos datos se está obstruyendo las investigaciones y eso constituye una violación a los derechos humanos”, indicó Ricardo Rivas.  

El año pasado, la Asamblea Nacional también hizo un exhorto para que se entregue esas actas, pero tampoco fue aceptado. 

Según los familiares el pedido a la Corte Constitucional se fundamenta en la Constitución y en la Ley de Transparencia. Allí se establece que “todo ciudadano tiene derecho a pedir información sobre todo cuando se trate de casos de violación de derechos humanos. Ninguna función del Estado puede negarse”. 

El periodista, fotógrafo y conductor fueron secuestrados y asesinados en la frontera entre Ecuador y Colombia por disidentes de las FARC. El crimen ocurrió en abril del 2018. 

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