13 de August de 2011 00:01

La falta de personal demora las causas en los juzgados laborales

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Un año y dos meses tuvo que esperar Elena P. para que un Juzgado de lo Laboral realice una audiencia preliminar ante su demanda por un despido intempestivo. El miércoles, la ex trabajadora de una empresa de sistemas se encontraba en el Palacio de Justicia para averiguar en qué estado estaba su juicio. Allí, en tres computadores, se pueden realizar consultas sobre el proceso de una causa.

Tras calificar y citar a las partes ya había una fecha para su primera audiencia. “Es increíble que haya pasado más de un año para que hagan la audiencia inicial. He estado atrás de esto meses enteros. No entiendo por qué se tardan tanto en estos juicios”.

Los haberes impagos, desahucios y jubilaciones también son causas que llegan a los juzgados laborales de Pichincha, que operan en el norte de Quito. La sala de sorteos de la Corte Provincial envía las demandas ingresadas a los 12 juzgados titulares y adjuntos.

Una demanda laboral, sea de propietario a empleado o viceversa, debe pasar por cinco procesos, entre los que se encuentran: calificaciones, citaciones, audiencia preliminar, juicio oral de trabajo y audiencia definitiva.

Según los funcionarios de los juzgados laborales, la mayoría de causas se estanca en las citaciones para la audiencia preliminar, pues eso se realiza en el Palacio de Justicia. Para ayudar con la carga procesal a los siete juzgados que habían hasta el 2010, el 1 de septiembre de ese año se incorporaron cinco jueces adjuntos.

Édgar Flores, uno de ellos, mencionó que en el inicio de sus actividades cada una de esas judicaturas tenía entre 250 y 300 causas rezagadas. Anualmente ingresan aproximadamente 765 juicios, de estos al finalizar el año no se resuelven más de 470. Por lo que quedan pendientes los restantes y se acumulan año a año.

“Es difícil que teniendo causas rezagadas desde el inicio de nuestras actividades uno pueda ponerse al día. Tratamos de despachar la mayor cantidad de juicios pero no es suficiente”, señaló Flores. Además, él y otros funcionarios de esas judicaturas consideran que la falta de personal y la creación de nuevas instancias ayudarían a dar solución rápida a estas problemáticas.

En el edificio, que funciona en la calle Alemania y avenida Eloy Alfaro, hay una sala por cada dos jueces para llevar a cabo las audiencias. Se realizan entre cuatro y seis al día por juzgado, pero no es suficiente para la cantidad de juicios que se encuentran en ese proceso. Según los estándares internacionales a un juzgado deben ingresar un máximo de 400 causas por año para que su resolución sea oportuna.

Los juzgados de lo Laboral reciben casi el doble. “Sería necesario que ahora el Consejo de la Judicatura Transitorio tome en cuenta este requerimiento porque el personal que trabaja aquí necesita más profesionales para evacuar la cantidad de causas rezagadas”, manifestó uno de los jueces.

Elena P. puso su denuncia por despido intempestivo en junio del 2010. De acuerdo con ella, la empresa en donde trabajaba no la liquidó correctamente por sus 11 años de labores.

Sin embargo, su juicio permaneció estancado en el proceso de citación, pues los inspectores a cargo de su caso no encontraban la empresa para enviarle la notificación. “Cuando ingresé la causa mi abogado me dijo que debía tener paciencia porque estos son procesos que se demoran más de un año y que sale fuera de sus manos. Es triste ver esta realidad”.

En lo que va de este año, 1 456 causas se han resuelto en los siete juzgados de lo Laboral de aproximadamente 2 450 que ingresarían hasta este mes.

Paulo Rodríguez, presidente del Consejo de la Judicatura Transitorio, mencionó en la presentación del plan de trabajo que se analizará la creación de 1000 judicaturas a escala nacional con sus respectivos jueces, conjueces y ayudantes. “Estamos conscientes de esa necesidad. Iniciaremos con ello hasta los 18 meses que estaremos en la reestructuración y de allí se creará una línea de acción para continuar con ello”. Los juzgados de Trabajo también constituyen un área crítica y que dentro de las próximas semanas entrarán en un proceso integral reformas que impulsa el Gobierno. Los cambios se hacen tras la consulta del 7 de mayo pasado.

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