Extradición en Ecuador, una nueva reforma busca endurecer los procesos
La nueva ley de extradición en Ecuador propone un sistema ágil y eficiente para tramitar solicitudes internacionales y nacionales
La Asamblea Nacional de Ecuador afrontará este martes 7 de julio de 2026, una jornada legislativa clave. El Pleno tratará en segundo debate el proyecto de Ley de Extradición, que busca reemplazar el cuerpo legal vigente desde el año 2000 y endurecer el combate contra el crimen organizado transnacional.
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La sesión número 106, convocada para las 10:00 horas, tiene como eje central esta reforma. Esta se alinea con el mandato popular del referéndum de abril de 2024, que habilitó la extradición de ciudadanos ecuatorianos.
Con esta normativa, el Estado ecuatoriano pretende modernizar sus mecanismos de entrega de personas requeridas por la justicia internacional. Esto es una necesidad apremiante, ya que entre 2019 y marzo de 2024 solo se concretaron 72 de más de 200 solicitudes de extradición activa iniciadas.
Autoridad central y soberanía nacional
Uno de los puntos más debatidos en el informe de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado es la definición de las competencias. La nueva propuesta designa al Presidente de la Corte Nacional de Justicia como la autoridad central para tramitar los pedidos.
Sin embargo, establece un candado político fundamental: la decisión de la Corte no será vinculante para el Presidente de la República.
El Ejecutivo mantendrá la potestad soberana de negar la entrega de una persona bajo principios de reciprocidad, seguridad nacional u orden público. Contra esta decisión presidencial no procederá recurso ordinario alguno.
Limitaciones y garantías procesales
La reforma introduce un catálogo detallado de causales para denegar una extradición. Entre ellas destacan: la naturaleza política del delito —aunque excluye explícitamente el terrorismo y atentados contra Jefes de Estado—, el riesgo de tortura, la aplicación de penas de muerte o el posible juzgamiento por tribunales de excepción.
El texto también aborda la situación de los ciudadanos ecuatorianos, precisando que no podrán ser extraditados por delitos cometidos antes del 9 de mayo de 2024. Además, se fijan límites estrictos a la prisión preventiva mientras dure el trámite: seis meses si la pena del delito no supera los cinco años y un máximo de un año si la sanción es mayor.
La Corte Nacional tendrá un plazo de un año, tras la vigencia de la ley, para implementar una unidad técnica especializada que gestione estas causas de forma eficiente.
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Un sistema ágil para la extradición
El proyecto busca eliminar las nulidades procesales que históricamente han bloqueado las entregas. Se establecen reglas claras tanto para la extradición activa, donde Ecuador solicita la entrega de un prófugo, como para la pasiva, donde el país responde a requerimientos extranjeros.
Con la modernización de este marco jurídico, la Asamblea pretende que Ecuador deje de ser un refugio para individuos buscados por delitos transnacionales, garantizando un debido proceso que cumpla con los estándares internacionales.
- Informe extra: Extradición
